La inseguridad rural se relaciona muy íntimamente con la ausencia de pobladores fijos en los campos. Mucho se ha hablado al respecto a lo largo de los últimos años, marcando al éxodo rural hacia los centros urbanos en busca de comodidades y servicios casi imprescindibles, como una de las causas que posibilitaron la proliferación del abigeato, hurtos y daños, al cabo tres de los delitos más comunes que afectan al campo argentino y específicamente al bonaerense.

En tiempos de aislamiento social como medida preventiva frente al coronavirus, muchos productores agropecuarios han elegido pasar ese aislamiento recluidos en familia en sus explotaciones agropecuarias, especialmente aquellos que tienen producciones “de chacra” que posibilitan, además, una especie de retorno a una economía familiar campesina. En el campo, así organizado, nunca falta algo para comer sin necesidad de recurrir al supermercado.

En otros campos, los de extensiones más importantes y muy particularmente los dedicados a la ganadería como única producción, ese retorno de sus dueños es un poco más difícil; sin embargo en casi todos ellos viven empleados rurales que, por motivos de la cuarentena, difícilmente puedan ausentarse del lugar.

Así lo expresó, entre otros, el comisario inspector Juan Laraignee, quien está a cargo de la Coordinación de Zona de Seguridad Rural de Azul, que nuclea a varios distritos del centro de la provincia de Buenos Aires. “Quizás como efecto de esta pandemia, al tener más controlados los accesos, ha bajado mucho el índice de delitos. Nosotros tenemos asiento en Olavarría y por ello estamos a cargo de distritos tales como Azul, Olavarría, Bolívar, Tapalqué, Las Flores, Rauch, Benito Juárez y Tandil. Sin dudas ayuda mucho para mejorar los índices de seguridad que algunos campos han vuelto a estar ocupados, con gente estable, y eso genera más comunicación y control”.

En la misma línea se expresó Pablo Goñi, presidente de la Asociación de Productores de Benito Juárez, quien reconoció que durante la cuarentena se produjeron tres hechos de faena clandestina en campos de la zona; “pero se trata de hechos aislados, casos muy cercanos al pueblo. En realidad en esta época es común que sucedan este tipo de casos aunque sin dudas han disminuido en relación a lo que es habitual. En Benito Juárez específicamente hay campos de extensiones grandes aplicados, mayoritariamente, a la ganadería. De modo que no hay muchos pobladores rurales estables. Lo que sí está sucediendo es que los empleados que viven en el campo permanecen en ellos durante los fines de semana. Se han suspendido todas las actividades que los atraen, como las jineteadas, las pruebas de riendas. Y eso, junto a las restricciones, los obliga a mantenerse en sus lugares. Generalmente los delitos suceden los fines de semana, cuando esa gente deja sus casas en los campos provocando una especie de liberación de zona”.

La situación descripta se repite en la mayoría de los distritos provinciales. Durante la semana hubo declaraciones en conferencia de prensa del comisario con asiento en Trenque Lauquen, Sebastián Bartolomé, quien aseguró que bajaron considerablemente los delitos en general, incluyendo obviamente los rurales y, en tanto, el subcomisario Hernán Greppi, a cargo de la Patrulla Rural de Pehuajó, aseguró al sitio tranquera.com.ar,  que han dado buenos resultados, en punto al mejoramiento de la seguridad rural, los controles establecidos para monitoreo de la circulación vehicular autorizada en las rutas. “Se nota que la gente que circula es estrictamente la que está autorizada para ir a trabajar a los campos y esos mismos controles evitan que circule gente con intenciones de causar problemas. No puedo asegurar en qué proporción, pero el delito rural ha disminuido notablemente”.

El ingeniero Félix Pissini, de Bragado, también se expresó al respecto ratificando la baja de los índices de delitos en su zona. Pissini comanda una empresa familiar que explota campos propios y arrendados.  “En líneas generales Bragado es un partido muy parcelado, por lo que hay muchos productores de no más de 150 hectáreas. En esas explotaciones chicas prácticamente desapareció la gente, porque mayoritariamente alquilan sus campos a empresas más grandes. En campos medianos hay pobladores estables y algunos dueños han decidido pasar la cuarentena allí. Quizás ese sea uno de los motivos también del mejoramiento de la seguridad rural”.

Luis Leonetti, también ingeniero agrónomo, ex presidente de la Sociedad Rural de Bolívar y ex presidente en épocas pasadas del Foro de Seguridad de esa ciudad, opinó en coincidencia con Pissini, lamentándose que “la mayoría de las chacras cercanas al pueblo están desmanteladas desde hace mucho tiempo. Hay muchos pequeños montes donde, en cada uno de ellos, había una casa que ya no está. No obstante, la gente que ha podido mantener la habitabilidad en sus campos ahora encuentra una posibilidad de transcurrir allí mejor el asilamiento. Y ese debe ser uno de los motivos, junto a la disminución de la circulación y la mayor cantidad de controles”, por los cuales es notable la baja de los hechos delictuales.

La conclusión de este trabajo periodístico nos aproxima a otro tema que merecería un amplio debate, cuyo disparador podría enmarcarse en la siguiente pregunta: ¿llegará un tiempo en el que, desde el Estado y las diferentes instituciones, se puedan generar políticas para detener definitivamente el éxodo rural y, por el contrario, generar condiciones para que vivir en el campo sea una elección posible?