El 22 de noviembre de 1949 el Presidente Juan Domingo Perón sancionó el Decreto de Gratuidad de la Enseñanza en Universidades Públicas. Desde entonces, todos los argentinos, y en especial los hijos de trabajadores y de dueños de mini pymes agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, pueden acceder a la formación universitaria. Esa política de vital relevancia cultural, científica y económica mejoró la creación, transformación y distribución de la riqueza producida socialmente. Posibilitó el ascenso social a millones de compatriotas, a quienes más allá de sus meritorios esfuerzos individuales, les hubiera sido casi imposible acceder a estudios superiores en forma gratuita.

Aquel decreto, ignorado como tantas otras realizaciones transformadoras del peronismo, y pese a dictaduras cívico militares y a gobiernos no populares (la alianza PRO-UCR quitó 30% al presupuesto educativo), no pudo ser revertido en 70 años de vigencia. Se mejoró en 2015 el derecho a la gratuidad en las universidades públicas, eliminando el arancelamiento, promoviendo igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconociendo identidades de género y culturas, generando integración regional, aportando el Estado el financiamiento, supervisión y fiscalización. Además, se les prohíbe realizar ofertas educativas como un servicio lucrativo, o alentar su mercantilización.

El Estado a fines del S XIX había organizado con éxito un régimen de educación primaria gratuito y obligatorio, que se mantuvo en crecimiento pero sin cambios relevantes hasta el arribo de Perón al Gobierno en 1946. Desde ese momento, la mayor inversión en educación aportó a la reducción de desigualdades. Se cambió el sistema heredado, de igualdad liberal formal, por otro basado en la justicia social. La presencia del Estado y el acceso de los obreros y trabajadores a nuevos derechos, generó posteriores políticas públicas emancipadoras, de inclusión y protección.

La solidez del sistema universitario gratuito tiene deudas de reconocimiento en la tradición: (Universidad Nacional de Córdoba (1613), Universidad de Buenos Aires (1821), Universidad Nacional del Litoral (1889), Universidad Nacional de La Plata (1905) y en la Reforma Universitaria de 1918 iniciada en Córdoba, proyectada hacia centros educativos diversos, para progresar como movimiento latinoamericano). Esos antecedentes hacen que la universidad pública sea democrática en su organización, popular en su composición y socialmente comprometida con su medio.

El impacto del decreto de Perón amplió el fortalecimiento y expansión del sistema universitario nacional y concretó el impulso verdaderamente democratizador abierto en 1918. Hasta 1984 había 26 universidades nacionales, 38 hasta 2001, y 59 en 2015. La matrícula del estudiantado pasó de 51.272 en 1947, a 143.542 en 1955, y a 1.495.000 en 2015. La inversión en educación superior pasó del 0,53 % del PBI a 1,25% en 2015. Las becas universitarias pasaron de 2.726 en 2003 a 67.464 en 2015.

Es por ello que las políticas públicas en todos los órdenes y en educación en particular son vitales a la hora de la conformación de un país y sus bases para el desarrollo. La inversión en educación superior y por ende la accesibilidad irrestricta a la misma son las que promueven que un Estado se desarrolle Democrática, Cultural y económicamente.

Bloque de Concejales FpV-PJ:

Julia Crespo

Alberto Capriroli

Andrea Buceta