Es sabido que el Estado tiene como rol fundamental ser garante de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. La Salud, al configurar un Derecho Humano fundamental reconocido en nuestras leyes y en numerosos Tratados Internacionales no debe quedar por fuera de esta lógica. El acceso a una salud pública gratuita y de calidad debería ser prioridad en los programas de gestión de cualquier gobierno, pero la historia ha demostrado que, en realidad, es una decisión política el tenerlo como prioridad o no.

La prevención configura una de las bases fundamentales para el cuidado de la salud de nuestros vecinos y vecinas, y en este sentido, las vacunas son una herramienta sanitaria que históricamente han permitido erradicar enfermedades.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el Calendario Nacional de Vacunación se amplió de 6 a 16 vacunas garantizadas gratuitamente, además de grandes campañas de difusión con folletería, afiches y jornadas durante la gestión del Ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán. Ahora vemos como la gestión Cambiemos intenta recortarlo, cuando no eliminarlo, como ha sucedido con la dosis de los 11 años de la vacuna contra el meningococo. Por esto, en el mes de septiembre de este año, acompañada por las senadoras y senadores del bloque de Unidad Ciudadana, presenté un proyecto de solicitud de informes solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que se exprese ante el faltante de vacunas en el Calendario Nacional de Vacunación.

La realidad demuestra que, pese a las denuncias de las familias, pedidos de informes desde el Poder Legislativo, notas elevadas desde diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, exigencias de respuestas de diferentes sectores sociales en los medios de comunicación habiendo faltante en los hospitales, y movilizaciones en reclamo a esta problemática, el Gobierno continúa demostrando irresponsabilidad e insensibilidad.

Irresponsabilidad, porque mientras a nivel Nacional es reducido el Ministerio de Salud al rango de Secretaría y anuncia un recorte presupuestario significativo para el próximo año en esta cartera, en la misma sintonía, la Provincia deja sin vacunas fundamentales para la calidad de vida de los más chicos. Insensibilidad, porque esta problemática, derivada de una decisión política, afecta a quienes son más vulnerables y por lo tanto necesitan mayor cuidado: bebés, niñas y niños, especialmente de sectores populares que son quienes se atienden en el sistema de salud pública.

Hace pocos días, el Juzgado Federal N°2 de La Plata, hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Estado que se abstenga de suspender la resolución 10/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. Su principal argumento, que es también una cuestión de sentido común, fue que «la vacunación ha sido pensada en nuestro ordenamiento como una herramienta importante de prevención, en donde el elemento de obligatoriedad se erige como pilar indispensable en miras de la salud pública».

El Gobierno Nacional y Provincial parece desentenderse del rol principal que tiene el Estado de velar por los Derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. La concepción que se tiene es empresarial: este vaciamiento de la salud pública viene acompañado de políticas de ajuste en todos los Derechos Humanos principales como el recorte en la educación y el desempleo creciente. Este tiempo de gobierno de Cambiemos nos ha demostrado que los recursos de los argentinos y las argentinas se transfieren a los sectores concentrados, a las grandes empresas y al pago de la deuda y la timba financiera.

Cambiemos no gobierna, sino que parece gestionar una empresa. Pero el Estado no es una empresa, debe gestionar los recursos orientándolos a políticas públicas con la función de mejorarle la vida a las personas, no de empeorarla.

Por María Elena Defunchio, Senadora provincial Unidad Ciudadana.