En los dos últimos meses fueron denunciadas alrededor de 2.800 amenazas telefónicas contra establecimientos educativos bonaerenses. Sólo en uno de esos casos fue detectada una granada; en los restantes, se trató de falsas advertencias, mayormente asociadas a estudiantes que buscaban perder un día de clases o zafar de un examen, o a intentos de grupos políticos de sembrar confusión en las semanas previas a las elecciones legislativas que tendrán el próximo domingo.
En Junín, según informaron autoridades judiciales, se efectuaron en las últimas semanas nueve detenciones: seis mujeres, dos hombres (titulares de las líneas desde donde se realizaron las llamadas telefónicas) y un menor. El último caso difundido fue el de una mujer de 35 años, identificada como Gabriela Liliana Chimelli, detenida hoy martes en su domicilio de calle Roque Vázquez al 800, e imputada en una causa por falsa amenaza de bomba al Colegio Nacional.
En este contexto, y según información suministrada a Semanario por fuentes judiciales, los primeros imputados por “Intimidación pública”, estarían recibiendo en las próximas horas las correspondientes cédulas de notificación que los intima a pagar las multas correspondientes, de acuerdo a lo establecido por la justicia a partir de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal de Junín, a cargo de Eduardo Vara.

El valor de las mismas oscilaría entre los 25.000 y 30.000 pesos, valor estimado de mover policías, peritos, realizar evacuaciones y otros movimientos logísticos que se derivan de cada denuncia de amenaza falsa.
De acuerdo a información recogida por este medio, las primeras personas notificadas son las detenidas (y luego liberadas) el 22 de septiembre pasado:
-Causa 69938/17: Sonia Liliana Blaiotta (48).
-Causa 69908/17: Agustín Lujan Iurescia (61).
-Causa 69935/17: Valeria Silvina Dimarco (47).
-Causa 69917/17: Cecilia Lujan Ojeda (38).
-Causa 70609/17: Analía Natalia Cernadas (41).
-Causa 69911/17: Mabel Sonia Cabral (62).
SIGUE LA INVESTIGACIÓN
En la investigación aún quedan varios expedientes en proceso de averiguación, a la espera de los nuevos informes de las compañías telefónicas para poder continuar con los allanamientos. Al momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ya sea una broma estudiantil o maniobras fundadas en objetivos de índole político.
REFLEJO INSTITUCIONAL
La Legislatura provincial evalúa un proyecto que prevé hasta 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas en los colegios. Se propone incorporar como artículo 74º, tercer apartado, al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada.