El gobierno y las entidades vitivinícolas acordaron proponer que los productores en emergencia agropecuaria no tengan la obligación de diversificar; y que los que reconviertan uvas criollas, cerezas, moscatel por variedades tintas también estén exceptuados.

El gobierno provincial reunió a representantes de las principales entidades vitivinícolas de Mendoza, para trabajar en una propuesta de actualización de la Ley que rige la diversificación vitivinícola creada en 1994.

Entre los consensos logrados sobre las reformas a introducir se destacan también que «las bodegas deberán transferir a los productores los beneficios fiscales que otorga el Fondo Vitivinícola ya sea compensación por exportaciones o mesa asignadora de cupos, en igual proporción a la que recibieron ellas; e incluir el incentivo por exportaciones», informaron hoy desde el ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, se reunió en San Juan con su par de la cartera de Producción, Andrés Díaz Cano, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de consensos de cara a la firma del acuerdo entre ambas provincias.

Tal como ocurrió durante la vendimia del año pasado, las diferencias entre Mendoza y San Juan están dadas por la forma de diversificar ya que mientras las autoridades sanjuaninas entienden que debe hacerse por medio del mosto, desde Mendoza se plantea la necesidad de dar por sentadas otras formas de diversificación.

En 2016, tras 22 años de vigencia de la pauta, ambas provincias no alcanzaron un consenso y ello desencadenó en que no se firmara el acta, por lo cual se destinó el 20% de la uva a mosto, como lo especifica la reglamentación vigente.

Del mismo modo, y según lo que indica la Ley 6226, aquel productor que tuviera más del 50% de la producción afectada por inclemencias climáticas no tenía obligación de diversificar.

En cuanto al incentivo por exportaciones se mantuvo la proporción de 1,5 litros para los vinos fraccionados y de 1 litro para vino a granel.