“El desafío de la Argentina es planificar su desarrollo considerando y gestionando el riesgo climático”. Así lo indicó Carolina Vera, co-coordinadora de la Tercera Comunicación de la Argentina a la Convención sobre Cambio Climático, durante un foro organizado la semana por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La cuestión es que en el campo tal planificación, por el momento, está en manos de los propios empresarios agropecuarios porque el gobierno nacional, además de seguir aplicando derechos de exportación durante un período de bajos precios internacionales de los granos, tampoco está dispuesta a actualizar los recursos destinados a paliar los efectos de los desastres climáticos.

En agosto de 2009 comenzó a regir la Ley de Emergencia Agropecuaria (26.509), por medio de la cual se estableció un Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda) de 500 millones de pesos anuales. Por entonces esa cifra era equivalente a 130 millones de dólares.

La norma aprobada por el Congreso determinaba que los recursos no utilizados del Foneda quedaban afectados al ejercicio siguiente. Pero un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eliminó esa posibilidad para establecer un fondo anual fijo de 500 millones de pesos.

Esos 500 millones de pesos actualmente equivalen a 55 millones de dólares, una cifra que –considerando costo directo y cosecha– permitiría sembrar apenas unas 85.000 hectáreas de maíz (un área equivalente al 2% de la superficie nacional sembrada en 2014/15).

El último informe de gestión de los recursos del Foneda publicado por el Ministerio de Agricultura –correspondiente al ejercicio 2013/14– menciona ayudas por 155 millones de pesos, las cuales en su mayor parte destinaron a productores hortícolas del Gran La Plata (18.7% del total), frutícolas de Mendoza (12.9%), cañeros de Jujuy (12.9%) y “pequeños productores” de Santiago del Estero (10.4%).

El informe también indica que se destinaron 2,20 millones de pesos al Municipio de Villarino (Buenos Aires) “para la adquisición de rollos de alambre, varillas y otros materiales para la recomposición de los alambrados y la reparación de las máquinas viales dañadas por los incendios” ocurridos a fines de 2013.