(Valorsoja.com)Comenzó a avanzar en el Congreso nacional un proyecto que habilita a las autoridades del Senasa a liquidar fundaciones y entes locales de lucha sanitaria contra la aftosa para reemplazarlas eventualmente por organizaciones públicas municipales o provinciales.

A comienzos de este año ingresó al Senado un proyecto oficial –firmado por el ministro de Agricultura Carlos Casamiquela y el entonces jefe de Gabinete Jorge Capitanich– destinado a declarar de interés nacional “la sanidad de los animales y los vegetales, la prevención, el control y erradicación de las enfermedades y plagas que afecten la producción agropecuaria y forestal nacional, y la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos”.

La iniciativa dispone que el Senasa “promoverá la constitución de una red institucional con asociaciones civiles sin fines de lucro o el acuerdo con entidades académicas, entes oficiales nacionales, provinciales y/o municipales, de carácter público, privado o mixto, previa firma del convenio respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y coordinada las acciones sanitarias y fitosanitarias (…) con el propósito de complementar su descentralización operativa”.

El proyecto establece además que “la prestación de los servicios por parte de los entes sanitarios durante el lapso que estén obligados se considera servicio público de asistencia sanitaria”. Y añade que “la ejecución fuera de los parámetros del acuerdo y/o de la normativa vigente, la suspensión, la interrupción, la paralización o la negación de tales servicios, directa o indirectamente, se considerará falta grave y hará pasible la aplicación de las sanciones establecidas al efecto, incluyendo la rescisión de los acuerdos celebrados y, de corresponder, la exclusión del sistema”.

También determina la “obligación de respetar los valores arancelarios que se establezcan para las prestaciones a cargo de los entes sanitarios”, lo que constituye un cambio sustancial, dado que actualmente son las propias autoridades de los entes las que determinan el costo del servicio en función de la cantidad de cabezas bovinas presentes en la zona, extensión territorial y costo local del combustible, entre otros factores.

La cuestión es que el martes de la semana pasada los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado se reunieron para tratar un proyecto. En esa oportunidad no se logró consenso para emitir un dictamen.

Pero el miércoles –al día siguiente– los senadores kirchneristas que integran en mayoría dicha comisión firmaron el dictamen del proyecto sin informárselo a sus pares de la oposición (quienes se enteraron del hecho a última hora del miércoles). Tal movida dejó en evidencia de que existe una orden expresa de que el proyecto sea aprobado lo antes posible (al tener dictamen la iniciativa ya puede ser tratada en el Senado para, una vez aprobada, ser derivada luego a Diputados).

“Un proyecto de estas características resulta innecesario porque la normativa vigente ya otorga facultades al Senasa para controlar el funcionamiento de los entes sanitarios”, indicó Hugo Rossi, asesor del diputado radical Juan Casañas (vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados).

“Los entes y las fundaciones cumplen adecuadamente su función y modificar el actual sistema por otro que establece criterios laxos y potencialmente discrecionales, podría poner el riesgo el estatus sanitario vigente en la Argentina”, añadió Rossi.

En la presente campaña 2015 de vacunación contra la aftosa el costo de cada aplicación (considerando vacuna + servicio) se ubica, por citar algunos ejemplos, en 21.0 $/cabeza en Luján, 14.0 $/cabeza en Lobos, 14.7 $/cabeza en Daireaux, 12.8 $/cabeza en Saladillo, 21.1 $/cabeza en Tandil y 11.5 $/cabeza en Laprida (el costo de cada vacuna oscila en general en un rango de 8,50 a 9,50 pesos).