El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar de manera integral la Ley General de Sociedades, una iniciativa que busca actualizar el marco normativo vigente desde la década de 1970 e incorporar herramientas vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas formas de organización empresarial. La propuesta fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que el objetivo es adaptar la legislación argentina a las necesidades de la economía del siglo XXI y generar condiciones más atractivas para la inversión.

Según explicó el funcionario, la reforma forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir regulaciones y otorgar mayor autonomía al sector privado. En ese sentido, planteó que el esquema actual responde a una lógica basada en la intervención estatal y la desconfianza hacia las empresas, mientras que el nuevo proyecto apunta a fortalecer la libertad contractual y la capacidad de los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus compañías.

Uno de los cambios centrales consiste en modificar el carácter de las normas societarias. De aprobarse la iniciativa, gran parte de las disposiciones de la ley pasarían a ser supletorias, es decir, que prevalecerían los acuerdos establecidos por los socios en los estatutos de cada empresa. De esta manera, el Estado tendría una participación más limitada en la organización interna de las sociedades.

Los principales cambios que propone la reforma

Entre los puntos más destacados del proyecto aparecen:

Mayor libertad para definir la estructura y funcionamiento de las empresas.

Reducción de requisitos y restricciones vinculados al objeto social.

Posibilidad de constituir sociedades mediante firma digital o electrónica.

Implementación de domicilios electrónicos y legajos digitales.

Libros contables y registros completamente digitalizados.

Realización de asambleas a distancia.

Incorporación de nuevas figuras empresariales vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.

Habilitación para resolver determinados conflictos societarios mediante arbitrajes o normas extranjeras.

Otro de los aspectos novedosos de la propuesta es la flexibilización de las exigencias relacionadas con el objeto social. Actualmente las sociedades deben especificar las actividades que desarrollarán y mantener cierta vinculación entre ellas. Con la reforma, las empresas podrían establecer objetos sociales amplios e incluso omitirlos. En ese caso, se entendería que están habilitadas para realizar cualquier actividad lícita.

Resolución de conflictos y referencia al modelo Dubai

El proyecto también introduce modificaciones en materia de resolución de controversias entre socios. La iniciativa contempla la posibilidad de que las sociedades acuerden someter sus conflictos al derecho extranjero, al derecho mercantil internacional o a mecanismos de arbitraje privado.

Desde el Gobierno sostienen que este tipo de herramientas son habituales en algunos de los principales centros internacionales de negocios y permitirían reducir tiempos y costos asociados a procesos judiciales. Sturzenegger mencionó especialmente el caso de Dubai como una de las referencias utilizadas al momento de diseñar la propuesta.