La modernización del régimen de propiedad intelectual vegetal volvió a ocupar un lugar central en la agenda agroindustrial tras el anuncio del presidente Javier Milei de priorizar la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la UPOV. Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) manifestaron un respaldo contundente a la iniciativa y la calificaron como un paso decisivo para fortalecer el desarrollo del sector.

Según un comunicado emitido por la entidad, la actualización normativa busca «revertir un proceso que, durante décadas, fue erosionando la competitividad y la productividad del agro argentino por falta de actualización normativa y de reglas claras que acompañen el desarrollo tecnológico«.

En su discurso ante el Congreso, el Presidente ejemplificó la situación con el cultivo de algodón y remarcó la necesidad de contar con normas que protejan la innovación genética para mejorar rindes y calidad. En este contexto, sostuvo: «Si no adherimos a UPOV 91, seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso».

El Acta 1991 de la UPOV, adoptada por 63 países, es señalada como el estándar internacional en materia de protección de obtenciones vegetales. Sin embargo, la Argentina continúa bajo el esquema de 1978, lo que según ASA la mantiene al margen de ese marco regulatorio actualizado.

Entre los puntos centrales de la reforma se destaca la incorporación del concepto de variedades esencialmente derivadas y la protección efectiva de los derechos del obtentor. Para el sector semillero, estos instrumentos aportarían previsibilidad y transparencia a la cadena, al tiempo que el Estado conservaría herramientas para regular de manera equilibrada el uso propio.

Desde ASA sostienen: «Avanzar en esta actualización significa asumir que el desarrollo tecnológico es un pilar central para incrementar rendimientos, mejorar la productividad y consolidar el liderazgo del agro argentino». Además, consideran que un marco moderno podría incentivar que empresas, pymes y centros de investigación desarrollen nuevas variedades en el país, evitando que talento e inversiones migren hacia otros países.

El comunicado también advierte que mantener el esquema actual implica sostener un modelo que ya mostró sus limitaciones y que contribuyó a la pérdida de competitividad en uno de los sectores estratégicos de la economía argentina. En esa línea, ASA reafirmó su disposición a trabajar junto al Gobierno Nacional y el Congreso para avanzar en la pronta implementación de las reformas.

El debate en torno a la adhesión a UPOV 91 vuelve así a instalarse como un eje estructural de la política agroindustrial. En un contexto global donde la innovación genética y la seguridad jurídica son determinantes para la competitividad, la definición de un nuevo marco regulatorio podría marcar un punto de inflexión para el desarrollo tecnológico, la inversión y el posicionamiento internacional del agro argentino.