Una de las complejidades de la trama radica es la imposibilidad de Kicillof de mejorar la oferta económica hasta el nivel que los gremios pretenden. Hace unos días, el gobernador recibió la última actualización del monto de la deuda que le reclama a Nación: da $15 billones. Lo usará como argumento para atribuir a Milei la imposibilidad de pagar mejores salarios. Pero sabe que eso difícilmente alcance para contentar a los estatales. Pero eso, ya existe un Plan B: la idea es compensar lo salarial con viejas demandas no satisfechas hasta ahora, como ascensos y recategorizaciones. Es una maraña, porque cada sector se rige por una ley aparte y tiene un régimen de trabajo diferente. Y es un tipo de medida que de todos modos demanda inversión. Pero la clave es que el gasto aquí es más secuenciado y, por lo tanto, manejable.

La tensión con los gremios tiene un correlato político doble, con impacto para Kicillof, pero también con costo para la dirigencia de esas organizaciones. La conducción de la alguna de ellas está alineada con el proyecto presidencial del gobernador -en especial ATE y el Suteba de Roberto Baradel. Y todas lo prefieren al menos como “mal menor” a Milei. Eso ha hecho que sean contemplativas en las negociaciones. Pero, a la vez, la buena sintonía las expone a crecientes cuestionamientos de sectores disidentes internos, que con modales a veces bruscos vienen exigiendo más dureza. La modalidad de las reuniones virtuales con los funcionarios del gobierno es un reflejo de esta dinámica: cuentan que fue un pedido de dos dirigentes históricos, después de que tuvieran que soportar agresiones verbales de miembros de sus propias organizaciones cuando llegaban al ministerio de Trabajo para discutir salarios.