El gobernador Maximiliano Pullaro, junto con su ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el de Seguridad, Pablo Cococcioni, presenciaron la primera subasta de esta gestión de 40 vehículos decomisados a las bandas narco. El remate lo organizó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que preside el socialista Matías Figueroa Escauriza.

Desde el gobierno destacaron que hubo 4.500 inscriptos para quedarse con los 21 autos, 6 pick up, 12 motos y un auto de colección, que fueron secuestrados a distintos líderes de bandas narco y el precio de base rondaba entre el 40 % y el 60 % del valor de mercado.

Además, desde la provincia le cambiaron la patente a los vehículos para evitar que sean identificados por las organizaciones criminales a las que se les fueron quitados y darle seguridad a los nuevos titulares.

El gobernador destacó que «esta subasta es una política pública, que nunca se debió dejar de llevar a cabo», dijo en relación al gobierno de Perotti que suspendió los remates y recordó que «surgió de una ley que tiene la provincia de Santa Fe, la única de Argentina, que apunta a golpear en el corazón de las organizaciones criminales, en lo que más les duele: en los bienes y en el dinero, para quebrar así las posibilidades que tienen de seguir cometiendo delitos».

Los vehículos quedaron a disposición de la justicia en distintos operativos antinarco y lavado de activos. De esta manera, el gobierno busca socavar el poder económico de una economía tan pujante como ilegal que mueve millones y que mucho de ese dinero se invierte en vehículos de alta gama.

Entre los vehículos puestos a remate, se encontraba un Jeep modelo 2017, con tan solo 20 mil kilómetros de uso y un precio de base de diez millones de pesos. Un Mercedes Benz A45 del mismo año con 26.500 kilómetros, sin llave, por 15 millones. Otro Mercedes modelo SLK 250 con 63 mil kilómetros recorridos con una base de 17 millones. Un BMW 323i con un precio inicial de cinco millones.

Entre los lotes, se subastaron camionetas Dodge, Toyota, Kia y Volkswagen, entre otras como motos de altas cilindradas en su mayoría. «No solamente estamos subastando en un hecho público a través de martilleros, bienes, rodados, sino lo que se está haciendo en el trasfondo de esta subasta pública, es debilitar a las organizaciones criminales en su poder económico para que dejen de operar en diferentes territorios de la provincia de Santa Fe», sostuvo Matías Figueroa Escauriza.