Tras el respaldo del pleno del Parlamento Europeo el mes pasado, la aprobación del nuevo reglamento por los Estados miembros, a los que representa el Consejo, convierte en realidad una normativa que pretende abordar el problema de la pérdida de masas forestales tanto fuera como dentro de la UE.

Cada año se destruyen en el mundo 10 millones de hectáreas de bosques, según datos de la ONU, lo que equivale a un territorio más amplio que Portugal, y se calcula que la UE es responsable del 10 % de la reducción de masa forestal global, que implica pérdida de biodiversidad y acelera el cambio climático, según datos del Consejo de la UE.

La nueva ley comunitaria abarca al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos los productos que contienen, han sido alimentados o se han fabricado con estos, como el cuero, el chocolate o los muebles, así como el carbón vegetal, productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.

Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la Unión Europea, venga de Estados miembros o de terceros países, tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen respecto a los valores existentes a fecha del 31 de diciembre de 2020.

Esto incluye no sólo la deforestación, sino también la degradación forestal que supone la transformación de bosques primarios en bosques plantados.

Las compañías tendrán que aportar a las autoridades competentes en la UE información sobre sus importaciones, tales como las coordenadas de geolocalización de la producción, y estarán sujetas a inspecciones y controles que podrán ir desde los análisis de ADN hasta la vigilancia vía satélite.

Transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor del reglamento, hacia finales de 2024, la Comisión elaborará una clasificación de los países de origen de los productos según presenten un riesgo bajo, medio o alto, que determinará la frecuencia de los controles.

En el caso de los países de alto riesgo, los Estados miembros de la UE tendrán obligación de verificar el 9 % de las importaciones. Las sanciones por incumplimiento podrán llegar hasta el 4 % de la facturación total en la UE de las empresas que incumplan la normativa.

Los importadores tendrán que asegurarse además de que en el proceso de obtención y elaboración de esas materias primas y productos derivados se respetan los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.