En agosto del  2022  un conflicto gremial en la empresa Lácteos Vidal, obligo a que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocara a una conciliación obligatoria entre el gremio de los trabajadores de la industria láctea, Atilra y la láctea ubicada en Moctezuma, en el partido de Carlos Casares, y que tuvo hasta ribetes de violencia por parte de dirigentes sindicales para con empleados que no se plegaban a la  medida.

En aquel entonces, Alejandra Bada Vázquez  integrante de la empresa láctea, describió en un video publicado en Twitter, que se trata de una empresa familiar, y donde se procesa 580 mil litros, ahora esta vacía no hay ni un litro de leche, estamos sufriendo un piquete por parte del gremio Atilra conducido por Gastón Moreno, es un acto vandálico que tiene un único objetivo, que es personal y que esta arruinando fuentes de trabajo, señalaba la integrante de la firma casarense.

El conflicto de Lacteos Vidal SA con 29 empleados que perduro un mes en huelga y para que no ingresara nadie, hacían guardia en la puerta del establecimiento tuvo, una dura resolución al recibir cada uno de los empleados el telegrama de despido.

 Ahora, una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo N° 9 obliga a reincorporar a los 26 trabajadores despedidos, con una erogación de dinero que la condenaría -dice- a la quiebra, según publico el diario Infobae.

“La empresa no va a reincorporar a ninguno de los despedidos -sostuvo Alejandra Bada Vazquez-, no sólo por nosotros, sino por los nuevos empleados que tenemos, a los que tomamos para poder reactivar la planta. Además no vamos a reincorporar a nadie porque cuando los despedimos no había ninguna medida cautelar. Esperamos que todo esto se revierta. Nosotros estamos apelando a que se lea el expediente y que la Cámara escuche, y no que mande a ejecutar una cautelar atemporal. Todo esto me genera mucha impotencia, porque estamos viviendo una injusticia total. Me están condenando a la silla eléctrica sin haberme juzgado”.

La empresaria cuestiona la arbitrariedad del revés judicial que la expone a una situación delicada de sostenibilidad económica: manifiesta que además de intervenir en cuestiones de propiedad privada, la resolución de la Justicia no sana la cuestión de fondo que atraviesa el conflicto. Expresó que la Cámara, luego de una apelación del gremio, no argumentó ni fundamentó las razones de haber ordenado la ejecución original de la medida cautelar. “Todo esto me genera mucha impotencia, porque estamos viviendo una injusticia total. El gremio Atilra nos quiere fundir”, graficó la empresaria.

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