Los cinco centros de Corredores de Cereales del país manifestaron ayer su disconformidad por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Federación Agraria (FAA), por el cual se permitirá exportaciones de trigo solo a aquellos que paguen al productor el precio pleno por el grano (Fas teórico). Mediante una carta pública, los centros de corredores de cereales de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y Santa Fe enfatizaron que esa medida “viola las normas más elementales de competencia, canalizando ventas de trigo a través de un canal comercial al que no acceden la totalidad de los productores
agropecuarios”. Y reclamaron la derogación de la normativa que establece el esquema de permisos de exportación para el trigo y el maíz (Roes).

Y pidieron audiencia, que “aún no fueron respondidas”, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof para manifestarles su “preocupaciónpor la situación”. Los corredores salieron de esta forma a cuestionar el compromiso asumido por Kicillof, Casamiquela y Capitanich, en la reunión que el 30 de
enero pasado mantuvieron con la cúpula de FAA, y que generó tensiones en lamesa de enlace (ver pag. 4). En ese encuentro, los funcionarios aseguraron que solo se habilitarían permisos para vender al exterior trigo a los exportadores que paguen al productor el Fas teórico (capacidad teórica de la industria) oficial.

De momento, y según informaciones del mercado, solo Agricultores
Federados Argentinos (AFA), ligada a FAA, es la que está pagando por el cereal los $ 1485 por tonelada que fija el Ministerio de Agricultura. Para los corredores, medidas “de este tipo tienen un efecto acotado y no resuelven el problema de fondo, ya que perpetuan el sistema de Roes, que opera en la práctica como una licencia no automática para la exportación”. Y remarcaron que esa situación“origina importantes transferencias de ingresos en el
interior de la cadena de producción y comercialización”. Los centros de corredores de cereales, además, enfatizaron que el esquema, instaurado hace ocho campañas por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, interrumpe “el desarrollo de los mercados, impidiendo a los productores capturar el precio pleno de su producción, y privando al país de importantes ingresos al obstaculizar la colocación de los excedentes de producción en los mercados internacionales”.