Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se vienen sucediendo, sin control alguno, escandalosos tarifazos de peaje, abusivos, injustificados, carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos, generando así serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto.

Con el actual Gobierno que encabeza Axel Kicillof se sigue con más de lo mismo y favoreciendo el interés particular de la indebida e innecesaria empresa concesionaria “estatal” AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) por encima de la defensa del bien común.

A partir del 1° de diciembre de 2022 regirá un tarifazo de peaje del 90 % y que se sumará a otro del 35 % a partir de marzo 2023. Hay que tener en cuenta que en agosto de este año ya se había otorgado otro incremento del 50 %. Es decir que desde agosto de 2022 a marzo 2023, el aumento será de aproximadamente el 270 %. Esto se da luego de haberse llevado a cabo las respectivas Audiencias Públicas “no vinculantes” y que son un simple formalismo y una burla a los usuarios viales y al público en general.

Un tema grave y que nadie toma en cuenta, es que las concesiones viales tienen carácter de “servicio púbico”, y a pesar del tiempo transcurrido nunca se ha creado un Marco Regulatorio-Ente Regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Nunca fue considerado por los distintos gobiernos de la Provincia de Buenos Aires ni por la Legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (COADUV). Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es así que se siguen vulnerando y pisoteando los derechos de los usuarios viales, siendo esquilmados a través del cobro de un falso peaje o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional.

¿Cómo es posible que se cobre peaje, si las obras han sido financiadas y lo siguen siendo, por el Estado Nacional y Provincial y por el BID?  ¿Porqué hay que financiar la empresa AUBASA, deficitaria, sumamente costosa, innecesaria y burocrática, que sólo se limita a cobrar el peaje, utilizándola como una caja política y actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad Provincial (DVP)?

 Las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, tanto para el caso de la Autopista Buenos Aires – La Plata (pasada de la Nación a la Provincia durante la gestión del ex Gobernador Daniel Scioli) como para la Autovía 2 y Ruta 11 y conexas (Sistema Integral del Atlántico) son un gran negociado armado para favorecer a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder. En principio COVIARES, COVISUR, CAMINOS DEL ATLÁNTICO Y AUTOVÍA DEL MAR, y actualmente todo en manos de AUBASA que igual subcontrata a las mismas empresas incumplidoras a las que se les rescindieron los respectivos contratos. Todo fue y sigue siendo con riesgo CERO e inversión CERO por parte de las concesionarias.

Cabe destacar que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está anunciando con “bombos y platillos” la repavimentación de una parte de la Autovía 2, pero con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Gobierno Nacional, lo cual deja bien en claro la situación indebida de AUBASA que solo se limita a esquilmar el bolsillo de los usuarios viales cobrando el peaje y no poner un peso para las obras necesarias en el Corredor Vial Integrado del Atlántico. También vale señalar que no es la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) que realizará las tareas, ya que se ocupará del simple control de la empresa constructora que hará los trabajos. Es lamentable que se deba seguir con esta verdadera estafa vial y que parece no tener fin.