La Cámara de Diputados convocó a ocho reuniones de comisiones para avanzar con diferentes proyectos de ley, antes de que pierdan estado parlamentario. Hay varias iniciativas vinculadas al agro y al ambiente.

De este modo y de un plumazo, las agendas del Congreso se activaron y los diferentes presidentes de las comisiones oficialistas citaron a una reunión para avanzar con diferentes iniciativas para el próximo martes y miércoles.

Agricultura familiar -créditos y suspensión de desalojos-, regularización de tierras, prohibición de desalojo de pueblos originarios, promoción del cáñamo industrial, evaluaciones de impacto ambiental, son algunos de los proyectos en agenda.

El oficialismo aspira a lograr su sanción antes del 30 de noviembre, que es cuando finaliza el período ordinario -evitando así que pierdan estado parlamentario- y aprovechar la conformación actual de la Cámara. Sin embargo, existe la posibilidad de que se extiendan las sesiones ordinarias -con temario abierto- hasta el 10 de diciembre, fecha en que asumen los nuevos diputados. Esto da lugar a nuevas chances para su tratamiento.

En tanto, también ingresó formalmente el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador, un mes y medio después del anuncio. La iniciativa fue girada a las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, con miras a lograr un tratamiento exprés antes de fin de año.

Proyectos en agenda

– Régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental: establece que será obligatoria la evaluación de impacto ambiental, previo y aplicable a todos los proyectos de obras y actividades, públicas y privadas, que puedan degradar el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población.

– El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica: incluirá entre sus etapas la elaboración del informe ambiental, la consulta pública y la aprobación de la política, plan o programa. Implicará una declaración jurada del proyecto, una presentación del Estudio de Impacto Ambiental, un dictamen de la autoridad ambiental competente, una audiencia pública y una declaración de impacto ambiental.

– Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar: propone la creación de un Fondo Fiduciario para facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. Tendrá una duración de 50 años y estará coordinado por un comité ejecutivo integrado por los ministerios de Interior, Hábitat, Economía, Agricultura y Ganaría, además del ANSES, el INTA y la AABE.

– Suspensión de desalojos de agricultores familiares: propone modificar la Ley de Agricultura Familiar y suspender toda sentencia o acto procesal que tenga como objetivo desalojar a agricultores familiares que se encuentren en condiciones de usucapir -o adquirir- las tierras rurales que poseen.

– Prórroga a la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena: busca prorrogar hasta el 2025 la ley 26.160 – de relevamiento territorial de comunidades indígenas-, que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras. El mismo recibirá una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma.

– Actualización del valor de los montos de las sanciones de la Ley de Residuos Peligrosos: propone actualizar los montos de las sanciones. Además de la posibilidad de un apercibimiento, se prevén multas de entre 900 Unidades Fijas hasta 900.000; suspensiones en la inscripción en el registro de entre 180 a 3 años, y hasta la cancelación de la inscripción en el registro.

– Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis medicinal y el cáñamo industrial: crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados. Contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para reglar, controlar y emitir las autorizaciones.

– Presupuestos mínimos de Protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso: busca reducir los desechos de neumáticos fuera de uso; minimizar su cantidad y promover el compromiso de los consumidores con su gestión, a través de un sistema de trazabilidad que permita conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.