La participación del Estado en la renta agrícola alcanza el 83,4%, por conceptos de derechos de exportación, impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención. Es decir, que de cada $100 que produce una hectárea promedio en Argentina, ponderando la participación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, $83,40 se los lleva o los reasigna el Estado con sus políticas.

Esta participación es levemente superior al 81,7% correspondiente a la última medición de septiembre de 2014, pero sustancialmente superior al 73,6% de diciembre de 2013 o al promedio de los últimos 8 años. Cifras similares sólo fueron alcanzadas con las sequías de 2008/09 y 2011/12.

La razón principal de que la participación del Estado en la renta agrícola sea elevada durante la última década es la existencia de los derechos de exportación (o retenciones), que aplican una alícuota al precio bruto de los commodities agrícolas, mientras que el resto de los impuestos, que también afectan a otros sectores de la economía, se imponen sobre la ganancia neta o, si se imponen sobre el precio bruto, son trasladables, como el caso del IVA.

El salto que se dio en septiembre estuvo explicado principalmente por la caída de precios de los principales granos, que cayeron hasta ese momento un 20,7% en dólares con respecto al año anterior. Mientras que el incremento entre septiembre y la medición actual estuvo explicado por un aumento de los costos de intervención en los mercados de trigo y maíz.

Los costos de intervención son medidos por FADA como la diferencia entre el precio teórico que deberían tener los granos en el mercado interno (FAS teórico) y el precio al cual realmente se están comercializando (disponible). Una diferencia entre estos dos precios puede responder a una simple cuestión de oferta y demanda en el mercado, pero históricamente esta diferencia ha estado por debajo del 10%. En 2008 se introducen los ROE, que básicamente son restricciones o cuotas para exportar que el gobierno otorga a diferentes empresas. El fundamento de esta medida radica en evitar un desabastecimiento del mercado interno, para lo cual es efectivo en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano plazo hace caer los precios internos de los productos y termina por desincentivar la producción. El caso del trigo es el ejemplo perfecto de cómo una política como esta termina generando efectos contrarios a los buscados.

Al momento de la elaboración de este informe, el maíz cotizaba al 83% y el trigo al 72% de sus precios teóricos. Este alto costo de intervención, sumado al hecho de que la rentabilidad de estos cultivos ya era reducida, determina que la participación del Estado en una hectárea media de maíz sea del 97,7% de la renta y en el caso del trigo alcance el 140,5%.

Para realizar estos cálculos, se parte del valor bruto de producción agrícola, medido como el valor internacional (FOB) de cada cultivo multiplicado por el rinde promedio, se calculan los impuestos involucrados, los costos de intervención, los costos, la renta de la tierra (arrendamiento promedio libre de impuestos) y el resultado de la propia producción agrícola. Si al valor bruto de producción se le restan los costos, obtenemos lo que en el informe se considera como “renta agrícola”.

Las implicancias de estos niveles de participación del Estado en la renta y sus implicancias en la rentabilidad de la producción se centran en dos aspectos: uso de tecnología y sustentabilidad. En cuanto a la primera, como en cualquier otra actividad productiva, cuando los márgenes son menores, se reducen la inversión y la aplicación de tecnología. Esto impacta de manera negativa en la productividad al utilizar semillas y fitosanitarios de menor calidad, y al aplicar menos fertilizantes. A su tiempo, la reducción de la productividad se traduce en menos exportaciones, menos dólares y menos empleo.