Un juez de Mar del Plata ordenó al Estado nacional suspender la aplicación de la ley de IVE tras hacer lugar a una medida cautelar. El aborto legal –quizás- la principal promesa de campaña de Alberto Fernández, que tuvo dificultades para aprobarla en el Congreso y no contaba con el convencimiento total de Cristina Kirchner por el contexto de la pandemia.

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, -un activo militante en contra de la legalización y despenalización del aborto en Argentina-, dictó este lunes una medida cautelar que ordenó suspender la Ley 27.610, y también los correspondientes protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo para su implementación, que fueron oficializados a fines de mayo pasado.

El sitio Palabras del Derecho reprodujo la resolución del juez López, la cual remite a una sentencia de la Corte Suprema de 1980, según la cual “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”, en referencia al pedido de unos padres para transplantar un riñón de una hija menor a otro hijo.

El magistrado consideró asimismo procedente la cautelar porque la Ley de IVE y el Protocolo “afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”.

En palabras de López, el peligro en la demora se ve cumplido en tanto “un número imponderable de niñas y niños por nacer pueden sufrir su muerte desde este mismo momento y la sentencia definitiva que se dicte en la presente acción no podrá remediar su situación en virtud del tiempo transcurrido en la sustanciación del caso de autos”.

Así, concluye con que están en riesgo el derecho a la vida reconocido en la Constitución Nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Tras conocerse el fallo, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, a través de su cuenta de Twitter anunció: “El Estado nacional apelará la decisión del juez Alfredo Eugenio López que hace lugar a la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de IVE, con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente sino que además, tiene una solidez convencional inobjetable”.

La Ley 27.610 fue aprobada en diciembre de 2020 y el 28 de mayo pasado se presentó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo