Un comisario mayor de la policía bonaerense quedó detenido hoy en el marco de una causa por violencia de género contra su pareja, quien lo denunció por haberla atacado a golpes en la casa que compartían en el partido de Tigre, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata del comisario Rubén Edgardo Marcell (51), quien además fue desafectado de la fuerza por autoridades de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, dijeron a INFOCIELO voceros de ese organismo.

El comisario mayor, además, enfrenta una imputación por «tenencia ilegal de arma de guerra», ya que secuestró en su casa un revólver 38 que no estaba registrado, y otra por «encubrimiento triplemente agravado», por tener una moto robada con patente adulterada.

Marcell, quien era el máximo jefe de la Estación Departamental de Escobar, que tiene el control de todas las comisarías del distrito, de la Unidad de Policía de Prevención Local, la Policía Rural y de la Comisaría de la Mujer de Escobar, fue denunciado por su pareja el sábado último.

La investigación comenzó cuando cerca de las 9 del sábado una vecina de la pareja llamó al 911 para alertar a la policía sobre gritos de una mujer víctima de violencia procedentes de la vivienda lindera.

«Me amenazó con el arma de fuego reglamentaria y en casa tiene dos armas», le dijo la víctima al fiscal.

En tanto, fuentes policiales detallaron que la mujer relató que su esposo rompió a patadas la puerta de un quincho en el que intentó refugiarse al ser agredida: «Te voy a matar. Vos no me vas a denunciar ni a arruinar la carrera», fue una de las amenazas que le hizo mientras la apuntaba con un arma, según relataron las fuentes en base a la denuncia.

La pareja de Marcell se encuentra bajo custodia de la Prefectura Naval, mientras que el comisario quedó detenido imputado por los delitos de «lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y violencia de género, amenazas coactivas agravadas, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento triplemente agravado por ser un hecho grave, cometido por un funcionario público y con ánimo de lucro», en el caso de la moto hallada en su poder.