En Argentina, solo el 13% de la soja sembrada proviene de semillas fiscalizadas, lo que genera preocupación en el sector semillero y el agro en general. El 87% restante se divide entre uso propio, que es legal, y semillas de bolsa blanca, comercializadas de forma irregular.

El gerente de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, Edgardo Motto, advierte: “Lamentablemente como país estamos quedando muy atrás, y esto es un problema que no solo afecta al productor, sino también a nivel país”. La falta de reconocimiento de la propiedad intelectual ha llevado a muchos obtentores a abandonar el país, afectando la inversión en nuevas variedades.

Los semilleros, que son clave en la cadena, enfrentan una disminución en la venta de semillas fiscalizadas, lo que pone en riesgo su operatividad. “Cada vez las empresas venden menos semillas fiscalizadas, que es su razón de ser”, explica el vocero del sector.

El impacto directo de esta situación recae sobre el productor agropecuario. “El que se perjudica es el país en su conjunto porque tenemos menos rendimiento, por lo tanto menos ingresos por divisas”, señala el experto.

A pesar del mayor costo, muchos productores que han optado por semillas fiscalizadas reconocen sus beneficios. “Es raro que un productor que probó con semillas fiscalizadas vuelva atrás, muchos han visto los beneficios que implica”, afirma Motto. «Los datos demuestran que la inversión se recupera rápidamente por los mayores rendimientos».

Además, «las semillas fiscalizadas ofrecen mejor calidad de germinación, lo que permite a los productores ahorrar en la cantidad sembrada. Cuando tenés una semilla de calidad, de esos 90, 100 kilos por hectárea con semillas comunes, se terminan sembrando 60, 65 kilos de semilla certificada”, concluye el especialista, resaltando el ahorro significativo que repercute para el bolsillo del productor.

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