La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje impulsado por el Gobierno nacional, derivó en una medida de fuerza que comenzó a afectar la actividad portuaria bonaerense.

La protesta alcanza a prácticos, pilotos y baqueanos y genera demoras en operaciones vinculadas con hidrocarburos, cargas agroindustriales y proyectos energéticos.

En la provincia de Buenos Aires, la situación se registra en puertos como La Plata, Dock Sud, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes del sector portuario, el nivel de impacto todavía no puede cuantificarse con precisión, aunque ya existen operaciones condicionadas y crece la preocupación por una eventual paralización si el conflicto se prolonga.

En Puerto Quequén, por ejemplo, los prácticos dejaron de prestar servicios, aunque las fuentes consultadas señalaron que los buques amarrados continuaban con las tareas de carga. En ese caso, el impacto inicial aparece para el ingreso egreso de nuevas embarcaciones.

La situación adquiere otra dimensión en Bahía Blanca, donde el conflicto alcanza directamente a la logística vinculada con Vaca Muerta. Un buque que transportaba la flota técnica destinada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permanece fondeado frente al complejo portuario sin poder iniciar las maniobras de descarga. La embarcación HL White Marlin llegó con equipamiento destinado a la futura terminal offshore de Punta Colorada, en Río Negro, pero la falta de practicaje impidió avanzar con la operación.

Qué ocurre en La Plata y los otros puertos bonaerenses

En Puerto La Plata, el conflicto también comenzó a generar complicaciones. Fuentes del sector señalaron que una operación relacionada con hidrocarburos quedó condicionada por la falta de espacio disponible en la rada, mientras se esperaba la posibilidad de realizar los movimientos correspondientes.

La situación obligó a poner el tema en conocimiento de Prefectura Naval, ya que el practicaje tiene un papel central en las maniobras de ingreso y egreso de buques en las zonas donde el servicio resulta obligatorio. Es que la norma establece que Prefectura funciones vinculadas con la continuidad del servicio y la seguridad de la navegación.

El impacto potencial excede a los puertos petroleros. En Quequén, uno de los principales nodos bonaerenses para el movimiento de granos y productos agroindustriales, cualquier demora en el circuito de carga puede terminar repercutiendo sobre exportadores, terminales, transportistas y armadores.

Fuentes locales advirtieron que todavía resulta prematuro establecer una pérdida económica concreta, pero reconocieron que existe riesgo de que la situación escale hacia una paralización de operaciones si no se encuentra una salida al conflicto.

La preocupación no pasa únicamente por la demora de un buque. La actividad portuaria funciona como una cadena en la que la disponibilidad de prácticos se articula con remolcadores, terminales, agencias marítimas, estibadores y transportistas. Por eso, una interrupción prolongada puede alterar la programación de cargas y generar costos adicionales.

El nuevo régimen que desató la protesta

El Decreto 690/2026 reemplazó la reglamentación que regía desde 1991 y modificó las condiciones de prestación del practicaje y pilotaje. Entre otros cambios, habilita un registro abierto de profesionales, amplía la libertad de contratación y elimina algunas restricciones que el Gobierno considera barreras de entrada al mercado.

También establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación determine tarifas máximas y modifica los supuestos en los que los buques deben contratar obligatoriamente un práctico. La normativa incorpora además mecanismos para garantizar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales, incluyendo la posibilidad de que Prefectura preste directamente el servicio.

El Gobierno sostiene que la reforma busca aumentar la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. El argumento oficial apunta especialmente contra un esquema que, según la administración nacional, había generado restricciones para el ingreso de nuevos prestadores y encarecido la operatoria de los buques.

El oficialismo también salió a responder las críticas que plantearon referentes de la oposición, entre ellos el diputado Jorge Taiana, quien cuestionó la reforma por considerar que afecta la seguridad de la navegación y la soberanía sobre las vías navegables.

La cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que el decreto no elimina el practicaje ni modifica los estándares de seguridad, sino que abre el mercado a la competencia y establece tarifas máximas.