El secretario de Energía, Javier Iguacel, brindaba este lunes una conferencia de prensa para dar explicaciones sobre el cobro extra en las tarifas de gas en 24 cuotas.

Iguacel explicó, como lo había hecho el fin de semana, que los contratos de transporte y distribución «están pesificados», por lo que el cargo extra no responde a la devaluación del peso en relación al dólar.

Por el contrario, aseguró que «el insumo», el gas natural, «siempre estuvo dolarizado». «Los planes Gas del kirchnerismo nos hicieron creer que estaban pesificados, pero estaban dolarizados. Busquen los contratos. Eso nos llevó a la debacle de perder producción nacional», dijo.

«Si tuvieramos que pagar el precio el kirchnerismo dejó en un contrato dolarizado, hubiésemos pagado más del doble de la factura», afirmo.

Anticipó que la cuota promedio rondará los «$90 o $100». Explicó, por otra parte, que el precio del gas no se ajusta por inflación, sino por la oferta y los valores que figuran en los contratos. «Si no hubieramo hecho los cambios, el precio del insumo hubiera sido del 110% y terminó siendo del 50%».

Consultado sobre las presentaciones judiciales que se precipitaron por la medida, el secretario de Energía dijo que «la justicia tiene que expedirse, no vamos a interferir».

Javier Iguacel, este lunes en conferencia de prensa

En ese caso, dijo que «van a tener que ser los productores los que apelen y que discutan ahí, porque si no se lo traslada a los consumidores tienen que resolver el problema». «Nosotros no vamos a resolver lo de ellos», sentenció.

Amplió al señalar que «la Justicia va a determinar si la aplicación de la ley y las reglamentaciones corresponde o no que se pague».

Las presentaciones reclaman do medidas de amparo contra el resolución se multiplican. La asociación civil Protectora (Mendoza) ya presentó este lunes una acción colectiva en el que solicita una medida cautelar contra la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación.

Por su parte, el Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) hizo su parte en los juzgados federales de La Plata donde solicitó «la inconstitucionalidad y nulidad» de la Resolución. El CEPIS pidió que la cautelar sea considerada de alcance nacional, como aquella que logró frenar los aumentos del servicio en 2016 y que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

«No tenermos que interceder ahi», remarcó insistiendo que será una cuestión que queda en el campo de los productores.

Iguacel explicó que la aplicación del cargo extra se ampara en la ley de 1992 con la que se negociaron los contratos pero que «se podía incumplir por la ley de emergencia económica».

«El distribuidor le traslada el precio al usuario. Y la ley dice que el traslado se lo debe hacer en los próximos seis meses. Para morigerar ese impacto, que sigue siendo duro, lo que hicimos fue que sea en 24 y no en 6 meses. Así, la cuota promedio para resolver este problema es de 90 pesos. En 6 meses, hubiera sido 4 veces más», explicó.