El Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que tenía como objetivo potenciar al sector. 

En este contexto  la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas, la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran CRA, plantean la necesidad de una ley.

Señalaron que «su derogación es un pecado que puede acarrear efectos desbastadores para la actividad».

Las entidades consideran que la ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.

«La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país», señalan.

Más allá de que todo puede mejorarse, entendemos que el mecanismo que imprimía esta Ley era transparente. »

Las entidades detallan en el comunicado que «resulta obligatorio poner la producción ovina en contexto: la política económica de los últimos años produjo la descapitalización del sector y la falta de rentabilidad y para colmo, la derogación llegó en medio de una crisis climática casi sin precedentes», argumentan.

«La Patagonia produce el 72 % de la lana total del país y de la cual el 90 % de su producción es lana fina; posee el 58 % de las existencias del país con casi 7 millones de ovinos; representa el 33 % del Territorio nacional; sin producción ovina no hay ocupación territorial; los montos destinados a Patagonia en el último año fueron de 302 millones, lo que significa 33 mil pesos por productor o 45 pesos por animal y el 90 % de los proyectos aprobados y pagados son préstamos y por lo tanto con devolución, no son subsidios», justifican.

En este marco, las entidades solicitan «generar un encuentro con las autoridades nacionales para que entiendan la trascendencia de volver a poner en funcionamiento la Ley Ovina».