Hasta el momento, la polémica se había generado por presos en Tucumán que solicitaron cajeros automáticos en un penal para poder cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. A partir de entonces la Justicia y funcionarios de ANSES notaron irregularidades pero no hubo una respuesta clara o, al menos, no trascendieron a la prensa detalles sobre investigaciones (tampoco si efectivamente la hubo).

Ahora, desde Salta se descubieron más irregularidades. Se trata de 52 concejales de diferentes municipios de la provincia que se anotaron para cobrar el IFE, lanzado para amortiguar el impacto recesivo por el coronavirus en las familias más necesitadas.

A esos 52 concejales se sumaron ahora un diputado, un secretario de Turismo y hasta los titulares de las delegaciones de ANSES de Jujuy y Salta entre los que solicitaron dicho beneficio.

El influyente medio norteño Qué Pasa Salta filtró que «el viernes pasado 24 de julio salió a la luz que Fabio Marcos Jesús Vera Ramires (titular de ANSES en Salta) había solicitado el bono de ingreso Familiar de Emergencia. Dicha solicitud -la cuál negó de manera rotunda desde un comienzo- le fue negada pero desató un escándalo que roza la corrupción. Mientras la dirigencia debate pedirle la renuncia al militante de La Cámpora, se conoció que en Jujuy ocurrió lo mismo.

Al igual que en Salta, los jujeños estallaron de furia y le solicitaron explicaciones de manera inmediata. Adrián Mendieta no pudo escaparse y brindó unas explicaciones que van desde lo absurdo a lo poco serio. Confesó que se inscribió «a modo de prueba para ver como impactaba en el sistema».

Ante la ola de críticas, Mendieta primero explicó que lo hizo para probar si el sistema funcionaba bien y lo rechazaba pero luego dijo: «Todavía no estaba como funcionario de ANSES, lo hice para ayudar y asistir a mucha gente».

Respecto a los 52 políticos salteños, quienes se justificaron con explicaciones insólitas, el gobernador Gustavo Sáenz pidió que renuncien: «Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia. ¡Por vergüenza, los que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario, deberían renunciar a sus cargos!».

Es que entre las explicaciones que dieron figuran: robo de identidad, pruebas sobre eventuales fallas en el sistema, cobrar para ayudar a vecinos y cobrar para otras personas.

El coordinador de Centros de Referencia en Salta del Ministerio de Desarrollo Social, Luis Alberto Hosel, explicó a El Tribuno: «Yo trabajo en la construcción desde los 6 años», dando a entender que no ocupa dicho cargo. «En su momento se habló de una Coordinación pero pasaron 6 meses, y estoy colaborando con el Ministerio, acompañando al Coordinador que es Miguel Calabró, pero no percibo ningún sueldo. Soy afiliado al Partido de la Victoria y no quiero perjudicar a nadie pero a mí me hacían falta los $10 mil. Agradezco a la Nación por implementar el plan que me ayudó mucho», agregó.

«Deberían ver los recibos de sueldos de algunos concejales del interior», los defendió Natalia Bares, referente de Seamos Libres, en Salta. La dirigente advirtió qué hay muchos que no llegan ni al mínimo vital y móvil.

En tanto, el intendente de El Carril, Efraín Orozco, informó que desde este lunes 27 de julio verificará y pedirá informes de cada uno de los trabajadores de la Municipalidad luego de que se descubriera que dos concejales de su distrito percibieron el IFE.

El mencionado medio explicó que el fiscal Federal Ricardo Toranzos inició la investigación el jueves por tratarse de fondos nacionales. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, abrió la investigación «para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas».

«Tenemos dos situaciones de delito: el consumado cuando se cobra y el delito por tentativa cuando se lleva acabo la acción pero no se completa por situaciones ajenas a su voluntad», advirtió la fiscal.

El primer acusado fue el concejal Héctor Cari, quien cobró ese beneficio social a la vista de todos los vecinos de la localidad de Guachipas y ya fue corroborado por la justicia.

Ahora bien, la titular de Anses Fernanda Raverta no hizo mención a todo esta situación que no comenzó en Salta y Jujuy sino con presos en Tucumán.