El Gobierno nacional avanza con un nuevo borrador de reforma laboral que plantea cambios significativos en el régimen de indemnizaciones. La iniciativa propone descentralizar el pago de los despidos sin causa mediante la creación de un «fondo de cese laboral», el cual funcionaría como un sistema de capitalización o seguro financiado por aportes mensuales de los empleadores. Esta modalidad, que reemplazaría al sistema tradicional del artículo 245, sería de carácter optativo y dependerá exclusivamente de lo que disponga cada negociación colectiva. Además, el texto busca dar previsibilidad a los montos, explicitando que la base de cálculo incluirá solo el salario básico y sumas habituales, excluyendo premios y pagos extraordinarios.

Uno de los puntos centrales del proyecto es ordenar la litigiosidad laboral limitando la aplicación de intereses en los juicios. La normativa prevé que el capital indemnizatorio se actualice en base a la inflación nacional más un 3% anual, alineándose con cierta jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. El abogado laboralista Juan Pablo Chiesa analizó que esta medida busca «legalizar lo que ocurre hasta hoy» en materia técnica, aunque advirtió que el fondo de cese actuará como «un complemento más optativo«, dado que eliminar la indemnización tradicional chocaría con barreras constitucionales.

El proyecto también introduce regulaciones específicas para los conflictos gremiales, estableciendo guardias mínimas obligatorias. En caso de medidas de fuerza, se exigirá un funcionamiento del 75% en sectores críticos y del 50% en áreas estratégicas como salud, energía, transporte, educación y logística. Por último, la normativa contempla la posibilidad de realizar el pago de las liquidaciones finales de manera fraccionada bajo ciertas condiciones, buscando aliviar la carga financiera inmediata sobre las empresas, especialmente las pymes, al momento de una desvinculación.