El Gobierno publicó ayer la norma que obliga a registrar todas las operaciones de compraventa de granos en el país. De esta forma, dice, pretende, transparentar el mercado, ponderando cada precio pagado por la mercadería para conformar los valores de referencia para los commodities agrícolas sobre bases más sólidas.

La norma, que tuvo un período de discusión con los actores de la cadena y era resistida por buena parte de ellos, desde productores y acopios hasta exportadores y las propias Bolsas de Cereales, finalmente vio la luz con algunas modificaciones que la hacen más ‘digerible’ para el sector. Según indico un operador que quiso mantener el anonimato, mientras en la primera versión de la norma las operaciones debían hacerse a través de un agente registrado en la CNV, ahora solamente deben ser parte del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), bajo la órbita de Agricultura.

La resistencia fundamental a la injerencia de la CNV en el sistema radica en que los habilitados por ese organismo debían quedar alcanzados por la Ley de Mercado de Capitales. Especial rechazo despierta el artículo 20, que da atribuciones a la CNV que muchos quieren evitar, entre ellos, los exportadores y las cooperativas, actores cruciales del mercado.

La modificación, sin embargo, no alcanza para disipar los cuestionamientos de los actores de la cadena, que hasta el momento manejaban las ventas de granos dentro de la órbita de las Bolsas de Cereales y el Ministerio de Agricultura. Según consignan, la CNV quedó implicada en varias otras cuestiones, como las operaciones en el mercado disponible.
La medida conjunta de la comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Agricultura, que lleva las firmas de Alejandro Vanoli y del secretario de Agricultura, Gabriel Delgado estaba ayer en análisis en los departamentos jurídicos de varias entidades consultadas, que seguirán revisando hoy los alcances de la norma.
Según el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Marra, “la entidad está de acuerdo con la registración y transparencia, pero queremos tener una reunión con los funcionarios para que nos aclaren algunos puntos”, en especial, los alcances de la injerencia de la CNV y la compatibilidad con atribuciones que hasta la publicación de la norma tenía solo el Ministerio de Agricultura.

Específicamente, la norma establece que “todas las operaciones de compraventa, sean del tipo ‘disponible’, ‘contado’, ‘a término’, ‘forwards’, ‘a fijar precio’ o de otras modalidades, incluyendo las denominadas ‘directas’, sobre productos y subproductos” deberán ser registradas en mercados bajo la competencia de la CNV y en Bolsas, por intermedio de agentes inscriptos en el RUCA. Agrega que los sistemas informáticos de los mercados y las bolsas estarán interconectados “para lo cual estas instituciones realizarán convenios”, auditados por la CNV y Agricultura, “para hacer más eficiente la operatoria comercial”.
Los funcionarios, a través de un comunicado, aclararon que “el Estado no fijará precios, sino que éstos surgirán de la libre puja entre oferta y demanda”.
Los productos alcanzados por la norma son la cebada forrajera, el girasol, maíz, soja, aceite de soja, sorgo y trigo, aunque es atribución de Agricultura ampliar esta nómina.