La Dra. Julia María Sebastián, titular de la UFI 15 de esta ciudad, aceptó el diálogo con LA MAÑANA consultada respecto a la actuación del estamento que dirige en Bolívar en relación al femicidio de Rocío González, acontecido en las últimas horas del viernes y conocido en las primeras del sábado que pasó.

En su despacho, Sebastián dijo ante nuestros cronistas: «Apenas tomamos conocimiento del hecho se dispuso la aprehensión del agresor. El imputado fue localizado en el lugar del hecho junto al cuerpo de la víctima y a partir de allí tuvimos 24 horas para solicitar ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, la conversión de la aprehensión en detención. En el día de ayer se le recibió declaración indagatoria a Olivare, quien permanece en calidad de aprehendido y a la espera de la conversión hospitalizado, ya que presenta lesiones de las que se está recuperando. Nosotros ordenamos que se hiciera una serie de pericias, que estuvieron a cargo del Dr. Ezequiel Terrera, para determinar si esas lesiones fueron auto infligidas, cosa que se comprobó. A veces, en casos como este, esas lesiones pueden utilizarse como estrategia de defensa. Aquí quedó demostrado que esas lesiones no fueron ocasionadas por la víctima. También se ordenó realizar una evaluación psicológica y psiquiátrica del imputado, en manos del equipo de Salud Mental del hospital local, lo que nos permitió corroborar que el agresor comprendía y dirigía sus acciones, que estaba ubicado en tiempo y lugar. Esta misma evaluación también permitió corroborar que las lesiones fueron provocadas por él mismo, por su propio reconocimiento».

Hubo una reacción popular muy significativa y mucha gente salió a la calle a pedir justicia por Rocío y rechazar este tipo de acontecimientos violentos. Desde su posición como fiscal e integrante del Ministerio Público, ¿qué le responde usted a ese reclamo?
– «El hecho es movilizante para todos. Entiendo la movilización desde el reclamo por el respeto a los derechos de la mujer y de la atención primordial que el Estado debe darle a hechos de esta naturaleza. Desde lo que es el pedido de justicia le digo a la población que la justicia ha actuado desde el primer momento. El imputado está aprehendido, se pidió lo que se podía pedir, que es la detención; que la calificación legal que se le ha enrostrado es la más grave que prevé el Código Penal, con prisión y reclusión perpetua por tratarse de un homicidio doblemente calificado, en principio porque se da la figura del femicidio y además por ser la ex pareja de la víctima y, finalmente, que se han ordenado todas las medidas que están a nuestro alcance».

¿De modo que cómo quedó caratulado el caso?
– «Como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia. En principio debo decir que no había ninguna denuncia previa de parte de la víctima, sólo una presentación ante el Juzgado de Paz Letrado pidiendo medidas de protección que fueron otorgadas a principios del mes de julio. Por esa razón incluimos la figura del concurso real con desobediencia».

Tanto la actividad de la Fiscalía como la propia intervención de los juzgados penales tienen la característica de ser reactivas. Es decir, que su trabajo se dispara a partir de la promoción de los hechos. No son tareas propias, por lo tanto, participar de la prevención de los delitos, más allá de que las penas que se imponen y los resultados que se obtienen a lo largo de un proceso penal puede actuar como medidas ejemplificadoras. No obstante, y a partir de reconocer en Julia Sebastián a una profesional del derecho altamente calificada y con ya una dilatada experiencia en su gestión, nos atrevimos a consultarla acerca de cómo ella imagina debiera actuarse socialmente para prevenir este tipo de hechos de violencia extremos.

«Esta es una problemática a nivel mundial y muy especialmente a nivel nacional. Esto ha originado un gran cambio en la legislación y se han instrumentado numerosas políticas para prevenir la violencia de género. Hay una realidad en casos como el de Rocío en el cual el Estado no tuvo intervención previa, más allá de esa presentación ante el Juzgado de Paz en la cual, incluso, no se llegó a dejar plasmada la existencia de violencia. Lo que pienso es que hay que tener un cambio de paradigma y de toma de conciencia. Fundamentalmente en quienes son allegados a personas que se encuentran en esta situación para que ayuden, acompañen e incluso tomen la iniciativa de realizar las denuncias. A veces quienes están dentro del círculo de violencia de género no pueden darse cuenta del peligro en el que se encuentran o no tienen las herramientas para hacer las denuncias. Lamentablemente a veces ocurre que, cuando se interviene, es tarde».

Se reclaman reformas legales; pero sin embargo reformas han habido y muchas. ¿Falta alguna según su criterio para fortalecer su trabajo específico?
– «Han habido numerosas reformas, es cierto y también lo es que han ayudado mucho. Especialmente a identificar estos hechos como casos de violencia de género, que antes no sucedía. Estas reformas han llevado a valorar las pruebas con una perspectiva de violencia de género como antes no sucedía. Yo pediría ahora como reforma que, en casos de ilícitos por desobediencia, lesiones leves o amenazas, es decir aquellos delitos que en principio no son detenibles, se permita la detención sin excarcelación para las reiteraciones, siempre que sean en contexto de violencia de género. Quizás de esta forma nos acercaríamos más a la protección de las víctimas y evitaría algunos hechos luctuosos, como el que estamos analizando. Nosotros siempre pedimos las detenciones en estos casos, pero luego son excarcelados y no siempre se logra que el imputado recapacite y tome conciencia».