El viernes próximo se desarrollará en La Plata una nueva audiencia pública para modificar la tarifa del servicio de agua y cloacas, y de esta forma aumentar un 40% el valor del metro cúbico, por lo que pasaría a costar 8,04 pesos a partir del mes de marzo.
En realidad, lo que se está modificando es la valor del “impuesto al agua” que ha determinado la gobernación de María Eugenia Vidal, a través del Decreto Nº 409/2016, que estableció que el mínimo consumible de metros cúbicos se determina tomando como base la valuación fiscal de la propiedad del usuario, prescribiendo mínimos muy elevados y generando facturas que no guardan relación con el servicio que se presta. Se ve en el siguiente cuadro:

La normativa vigente establece que a los efectos de la aplicación de la escala establecida en el cuadro adjunto, las valuaciones fiscales inmobiliarias serán las suministradas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

Cuando se produzcan, por disposición de la autoridad competente, modificaciones de carácter general en las valuaciones fiscales de inmuebles urbanos, ABSA deberá modificar en la misma proporción los valores límites de valuaciones fiscales inmobiliarias que determinan cada rango, a efectos de mantener la proporcionalidad entre los rangos establecidos en el citado Decreto.

A partir del decreto en cuestión, podemos entender que existen dos momentos: el primero estará dado por aquel usuario que consuma el mínimo o menos, a éste se le cobrarán los metros cúbicos asignados según el rango en la escala de valuaciones; por otro lado, el caso de aquel usuario que haya superado el mínimo, su consumo es calculado de acuerdo con la escala de consumo, que se detalla a continuación:

Consumo de una familia tipo
En la mayoría de los hogares bahienses, el consumo de una familia tipo no excede en 10 m3 mensuales; por lo que el decreto 409/16 estableció un criterio erróneo con mínimos muy altos; lo que lleva a la conclusión que no estamos pagando una tarifa por un servicio prestado, sino que estamos pagando un “impuesto al agua”.

Esta situación se generaliza aún más con el nuevo cuadro tarifario que pretende Aguas Bonaerenses SA, y de aplicarse el revalúo fiscal dispuesto por la Ley Provincial Nº 14.983 (Impositiva 2018), que nada dice al respecto la información suministrada por el OCABA. Entonces esto nos lleva a afirmar, que la propuesta que pretende la prestataria es continuar con la fijación de un “impuesto al agua”, donde solo importa que se abone una suma fija mensual, y poco interesa el consumo del usuario y el incentivo al uso razonable del servicio.-

Por otra parte, nuevamente nos quieren engañar que el aumento es del 40%, lo único que aumenta ese porcentaje es el valor del metro cubico (de $5,74 a $8,04), pero conforme el sistema de medición vigente y su actualización que se pretende luego de la audiencia pública, va a generar facturas que superaran ampliamente el porcentaje que maliciosamente se indica. Más teniendo en consideración, si se mantiene la escala de consumo antes indicada.

El cuadro tarifario propuesto por ABSA para el servicio medido, que es el que interesa para los bahienses, vendría a aggiornarse al revalúo fiscal 2018, atento que agrega tres rangos y modifica los topes de valuaciones fiscales. De hecho, una propiedad con una valuación fiscal superior a 500 mil pesos (la mayoría estará ubicada en esa categoría), deberá pagar aunque no los consuma, un mínimo de 40 m3 de agua mensuales.

En este contexto, considero que el aumento va a ser muy superior al 40%, generando que lleguen facturas con montos exorbitantes, que no se relacionan con el servicio que se presta. Cabe resaltar, que en varios barrios de Bahía Blanca, seguimos teniendo serias complicaciones con la calidad del servicio, evidenciándose con la baja presión del suministro, pérdidas en vía pública, desbordes cloacales, medidores ilegibles, usuarios que recurren a comprar agua envasada y/o concurrir surgentes, entre otros.

Por último, los datos que están a disposición en la página del OCABA, resultan imprecisos y careces de información, entre otras cuestiones nada dice sobre la escala de consumo, un tema no menor y que repercute fuertemente en el monto final de la facturación, nada dice sobre el revalúo fiscal 2018; lo que torna de irregular celebración de la audiencia pública, que seguramente dará nacimiento a sendos planteos judiciales.

Matías Italiano* / Especial para «La Nueva.»
*Abogado, ex director de OMIC. Fue concejal entre los años 2013 y 2017.