Concejo Deliberante 9 de julio
Concejales piden que compañías de celulares brinden datos “libres” de internet a estudiantes y docentes
«En el contexto de la cuarentena y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, el Estado debe continuar garantizando el derecho a la educación, básico y fundamental de todo ser humano, facilitando y promoviendo el acceso de todo estudiante, cualquiera sea el nivel en curso, a las plataformas educativas y material de estudio digital«, indicaron desde el Bloque de Concejales Juntos por el Cambio 9 de Julio, quienes presentaron un proyecto dirigido al Poder Ejecutivo Nacional y donde solicitan que las empresas de telefonía celular liberen datos móviles necesarios para que los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos puedan acceder a las plataformas virtuales y el material de estudio digital, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus COVID-19.
El proyecto que fue presentado este lunes en el Concejo Deliberante de 9 de Julio, subraya en sus considerandos que “como es de público conocimiento las clases presenciales se encuentran suspendidas en todos los niveles y modalidades, por lo son las plataformas virtuales educativas, tanto públicas y privadas del país, las utilizadas para poder continuar con la educación a distancia y no interrumpir el proceso de aprendizaje, en las personas
Al tiempo que remarcan que hay desigualdades que afectan al Sistema Educativo y la grave situación sanitaria que enfrentamos producto de la pandemia, por ello resulta necesario llevar adelante, para hacer efectivo el derecho a la educación, el acceso libre, ilimitado y gratuito a los datos móviles para ingresar a las plataformas con
contenidos educativos y culturales y materiales digitales de estudio, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, sostienen en la solicitud legislativa.
Ante ellos remarcan que es imprescindible que el Estado arbitre los medios necesarios para que docentes y alumnos puedan contar con condiciones básicas para realizar su labor.
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