En la Argentina se cultivan más de 35 millones de hectáreas. Casi la mitad de la producción agropecuaria se realiza en tierras que se arriendan, es decir que se alquilan.

«La ley que regula el contrato de alquiler facilita el acceso a los que quieren explotarla -arrendatarios-, pero no exige un cuidado especial de la tierra como recurso natural que se degrada», resaltó Rafael Mallo, quien estudió este tema para su tesis de maestría en Agronegocios en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía (UBA).

«La normativa habilita a que la búsqueda de la mayor renta en el menor tiempo posible se lleve adelante sin limitar prácticas no sustentables. La Ley 13.246 de ‘Arrendamientos Rurales y Aparcerías’, promulgada en 1948 y luego modificada por el decreto de ley 2.188, de 1957, y por la Ley 22.298 en 1980, debería regular la materia ambiental en los estos contratos», señaló Mallo, quien es abogado recibido de la Universidad Nacional de La Plata.

En este sentido, agregó: «Cuando se pensó la ley, los grandes propietarios de tierras imponían condiciones abusivas a las personas que querían trabajarla. Hoy en día, es al revés. Las propiedades cada vez son más chicas -por ejemplo, por división de las herencias- y muchos dueños ni siquiera viven en allí. Ante el gran desconocimiento y grado de informalidad en los arrendamientos, los propietarios tienen menos decisión sobre el suelo».

El contexto pide

«Estamos en un momento interesante para cambiar las leyes hacia otras que otorguen mayor entidad a los aspectos ambientales y que tengan su base en el uso de información estadística para tomar medidas en política apropiadas», siguió el abogado.

Mallo, añadió que: «En principio, hay que reconocer el derecho de la comunidad sobre los recursos naturales. Esto no es nuevo, está en el artículo 41 de la Constitución Nacional del año 1994. Ese fue el primer paso de un cambio institucional; ahora es el Estado quien debe definir las reglas y las herramientas específicas para que sirvan en la práctica de forma efectiva».

«La reformulación de la ley tiene que ser clara. La libertad para usar la tierra no es exclusivamente de su dueño, aislado de los demás, pues la forma en que la utiliza puede afectar a muchas otras personas. El Estado puede, por ejemplo, fomentar que los productores opten por no dañar los recursos naturales a través de préstamos blandos o subvenciones a sus actividades. De esa forma se podrían alentar las prácticas más sustentables», propuso para finalizar.

Fuente: cra.org.ar