Mientras se vive un clima de alta tensión por el conflicto mapuche en el sur argentino, productores agropecuarios organizaron un foro para visibilizar la problemática de las usurpaciones en el norte de argentino. Fueron cinco los afectados que dieron su testimonio en el 1° Foro Consenso Tucumán que se realizó el 30 de octubre pasado.

En el evento, organizado por la Asociación Civil para la Protección, Desarrollo y Cooperación de la Propiedad Privada (Prodeco), participaron referentes vinculados a los conflictos, víctimas, miembros de la seguridad rural, abogados que tratan los casos y políticos.

Entre los temas que se tocaron estuvieron los de usurpación y lo que consideran la “inconstitucionalidad” de la ley 26.160. Esa norma, de 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

“El estado de emergencia que rige de forma ininterrumpida desde el año 2006 ha provocado demasiado daño a todas las partes involucradas. La falta de seguridad jurídica rompe y atraviesa nuestras economías regionales y la autonomía de las provincias. Esta situación nos movilizó a llevar adelante este encuentro con la participación de referentes directamente vinculados a estos conflictos”, sostuvieron los organizadores del 1° Foro Consenso Tucumán.

También hubo un panel jurídico en el que participaron abogados de Salta, Tucumán, Rio Negro, Buenos Aires. Allí se llegó a la conclusión de que se debería pedir la inconstitucionalidad de la ley 26.160.

“A partir de la ley 26.160 empezaron a surgir comunidades de todos lodos que no son verdaderas y no cumplen con las condiciones que dice la norma. Entonces el gobierno nacional, a partir del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, deriva mucha plata allí desatendiendo verdaderas comunidades con necesidades estructurales”, reclamó María Eugenia Briones, directora de prensa de Prodeco Tucumán.

Las víctimas que dieron testimonio fueron, entre otros, Martín Baldoni. En la localidad jujeña de Tilquiza, compró una finca de casi 1000 hectáreas para hacer una reserva natural y un complejo turístico en 2005. “Cuando compramos la finca, ni adentro ni afuera había ninguna comunidad aborigen. Solo había pasajeros arrendatarios que tenían vacas que tenían contratos y que en un momento se dejaron de renovar. En 2009 un grupo de estos pasajeros nos plantearon que desde ese momento eran una comunidad aborigen”, contó. A partir de allí comenzó a tener problemas porque ingresan al campo y, se precisó, cometen actos de vandalismo.

También dio su testimonio Dora Pérez, presidente de Prodeco. Tiene una propiedad de 780 hectáreas en la localidad de El Nogalito, en Tucumán. Contó que no puede producir nada porque una comunidad indígena dirigida por “un falso cacique” y conformada por unas 25 personas ingresan y matan animales.

Asimismo, contaron su caso Edgardo Nievas, que posee una finca de tres hectáreas ubicada en la localidad salteña de Payogasta, cerca de Cachi; Raúl Ovejero y Marisa Figueroa, que denunció la usurpación de un campo de 10 hectáreas de su familia, en el Departamento de Robles (Santiago del Estero).

En otro de los paneles se trató el tema de la seguridad rural y la manera en que se tendría que colaborar para conformar las patrullas rurales para la prevención de los delitos.

Juan Monin, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Sachayoj, en Santiago del Estero, detalló que se definió seguir trabajando por la inconstitucionalidad de la ley 26.160 y “ayudar con todos los medios posibles a la Justicia para frenar estos hechos que hoy, por ejemplo en el sur del país con el accionar de RAM, hacen peligrar la soberanía nacional”.

Agregó sobre las usurpaciones: “Todo es parte de un negocio inmobiliario amparado muchas veces por punteros políticos o funcionarios públicos o judiciales de las provincias”.

Fuente e imagen: La Nacion Campo