En los últimos cuatro años –la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010– el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 9900 millones de pesos (M/$). Pero apenas desembolsó 1010 M/$.
Es decir: si se suman las asignaciones correspondientes a los cinco años comprendidos entre 2010 y 2014, puede advertirse que en ese período el gobierno nacional se apropió de casi 8900 millones de pesos pertenecientes a las provincias. Los datos surgen del último informe de estado de implementación de la Ley 26.331 publicado por la Dirección de Bosques de la Nación.

La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
En el último quinquenio el gobierno nacional violó de manera sistemática lo determinado por la Ley 26.331 al establecer compensaciones ambientales muy inferiores a las correspondientes (para el ejercicio 2014 se presupuestaron apenas 247 millones de pesos cuando deberían haber sido al menos 3400 millones).
En el período 2010-2014 las provincias más favorecidas en el reparto de fondos ambientales fueron La Pampa y Mendoza con 616 y 401 pesos por hectárea no transformable ni utilizable (“categoría I) respectivamente.
La provincia más perjudicada es Córdoba, provincia que, si bien a la fecha no recibió compensaciones, cuenta con 2,93 millones de hectáreas bajo categoría I.
Las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, que en conjunto contienen 2,86 millones de hectáreas en conservación, recibieron apenas 86, 35 y 106 pesos por hectárea categoría I respectivamente.