Mientras que por estos días hay tironeos entre el oficialismo y la oposición para ver quién se queda con la presidencia de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, termina un 2017 sin haberse debatido leyes para el sector agropecuario en dos años de gestión del presidente Mauricio Macri. Los beneficios para el sector sólo pasaron por las promesas de campaña: quita de las retenciones con excepción de la soja y la eliminación de los permisos de exportación. Más allá de estas medidas, el Ejecutivo estuvo lejos de presentar sus propios proyectos.

Cuando se buscan los motivos por el cuales el Gobierno no supo o no pudo avanzar en iniciativas en favor del campo, las respuestas son muchas. Desde el oficialismo sostienen que no tenían quórum y, por ende, era en vano hacer leyes sin la mayoría.

Aunque también reconocen que la coyuntura hizo que no «se acuerden del campo» y que ya bastante lo favorecieron sacándole las trabas que arrastraban desde el kirchenerismo.

Será por eso la preocupación de los ruralistas por la llegada a la Comisión de Agricultura de algún integrante del FpV. Pero las mismas fuentes oficiales advierten que no está todo dicho y que hay tratativas de por medio, y atribuyen todo a campañas periodísticas. Por lo pronto los comunicados o anuncios tanto de las asociaciones ganaderas como de las entidades del agro son un tirón de orejas para el Ejecutivo, aunque también se entiende que responde más a un reclamo de las bases que a una decisión aprobada por las respectivas comisiones directivas.

Para Gilberto Alegre, diputado del Frente Renovador (FR) y presidente saliente de la Comisión, «no hubo ninguna voluntad del Ejecutivo para tratar de resolver los temas del agro, y por eso es que creo es que ahora tampoco lo tenga».

En diciembre de 2016, frente a la discusión por el cobro de la tecnología en la semilla y después de muchas idas y venidas, el Gobierno envió algunos lineamientos de lo que quería en este punto, pero «ni siquiera cuando se convocó a la comisión para tratarlo, aparecieron», afirmó Alegre.

Sin embargo, hubo proyectos del propio Poder Legislativo.

Algunos de ellos fueron la modificación de la ley de warrants, el precio sostén en la lechería, las buenas prácticas agrícolas (BPA), humedales y seguro agrícola, entre otros.

Desde Cambiemos, el diputado Pablo Torello explicó que en la Comisión de Agricultura eran minoría, mientras el FR y el FpV tenían quórum propio, al tiempo que agregó: «Cuando ellos quisieron tratar sus propuestas, tampoco fueron capaces de llevarlas a debate».

Y si bien en mano de Cambiemos estuvo la Comisión de Recursos Naturales, «donde se presentaron proyectos para todo lo que son aplicaciones y BPA, a la hora de avanzar, es verdad que no avanzamos mucho», dijo Torello, que a la vez reconoció que «había muchas iniciativas que nosotros no queríamos tratar porque no estaban dentro de los planes del Ejecutivo».

Hoy diversos proyectos que pueden ayudar al sector agropecuario quedaron al pie del camino.

Uno de ellos es el de fertilizantes, que buscaba a través de desgravaciones incentivar la reposición de nutrientes y que ya perdió estado parlamentario.

Al mismo tiempo, es necesario aggiornar otros proyectos, como es el caso de los arrendamientos.

El problema pasa porque la actual ley tiene muchas aristas sin cumplir, como son los períodos de arrendamiento de tres años, que hoy no es respetado y genera un desorden en el sistema, permitiendo que surjan los contratos accidentales repetitivos.

En definitiva, y como ya paso antes, el campo queda nuevamente sin proyectos que lo beneficien.

El Gobierno tendrá la posibilidad de empezar a lograr que eso se quiebre. La ley de semillas puede ser el puntapié inicial, ¿pero qué se hace con la ley de patentes? ¿Dónde termina una y empieza la otra? Ese es quid de la cuestión.