Es un grave retroceso en la política de derechos humanos la desafortunada decisión de la Corte Suprema de Justicia –adoptada por simple mayoría y con dos votos de los jueces propuestos por el Presidente Macri– que aplicó normas del derecho penal común a condenados por delitos de lesa humanidad, a quienes beneficia con la reducción de pena por aplicación de una la ley no vigente cuando fueron cometieron, ni cuando se inició el proceso judicial.

Los secuestros, torturas, homicidios, robos, apropiación de bebés, y demás aberraciones cometidas durante la última dictadura cívico militar son delitos imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto o conmutación que pueda modificarlos. Y siempre pueden ser juzgados para evitar la impunidad que impide una real reparación de las víctimas del terrorismo de Estado. Cuestión ratificada por nuestra constitución que obliga a respetar los pactos internacionales en la materia.

El fallo es coherente con las políticas de violencia institucional y escalada represiva que viene aplicando el Presidente Macri, quien emplea parte sustantiva del poder judicial como instrumento de persecución contra adversarios y como herramienta de impunidad para él, su grupo familiar, ricas minorías que lo apoyan e integrantes del “mejor equipo de los últimos cincuenta años. Al mismo tiempo que se concede un beneficio a los represores -que no les corresponde- se propone endurecer penas para otros crímenes.

Algunos de los sucesos que corroboran nuestra afirmación son:
1. Imponer por decreto a dos jueces en la Corte Suprema, que oh casualidad aprobaron el fallo en favor de los genocidas 2. Detención ilegal de Milagro Sala 3. Armar causas contra dirigentes políticos, sociales, abogados defensores. 4. Lograr sobreseimientos express en casos como Papel Prensa, Papeles de Panamá, Incompatibilidades, dólar futuro… 5. Amenaza de juicio y persecución a miembros de la justicia que dictaminan distinto a imposiciones gubernamentales. 6. Eliminación de dependencias que investigaban crímenes de lesa humanidad en el Banco Central y Bolsa de Comercio 7. Condonación de 77 mil millones de pesos de deuda de Correo Argentino SA, y vaciamiento en su concurso preventivo 8. La Corte Suprema de Justicia resolvió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revertir sus fallos

Lo más grave es que tenemos un gobierno nacional, provincial y municipal que buscan borrar de la memoria social la magnitud del genocidio y tergiversar la verdad como estrategia para imponer un plan económico para los ricos, como durante la última dictadura cívico militar. Al despectivo “curro” que enarbolara el Presidente, señalar al terrorismo de Estado como una “guerra sucia” o la vileza de cuestionar el número de víctimas de la última dictadura han sido los avances más sobresalientes pero no los únicos.

El Presidente Macri que incumplió las promesas hechas al pueblo argentino, y cumple las acordadas con corporaciones que forma parte él y la mayoría de sus funcionarios, ha pasado de la violencia simbólica, verbal, a la estigmatización, acusando a la política y a organizaciones sindicales y a trabajadores como los responsables de que las cosas andan mal.

Mauricio Macri busca ocultar de ese modo, que acumula 214 denuncias judiciales en su contra, desde su asunción como jefe de gobierno porteño hasta la fecha. Hay acusaciones como «estafa y asociación ilícita», «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público», «enriquecimiento ilícito», «falsificación de documentos públicos», «amenazas y abandono de personas», “omisión maliciosa y falsedad ideológica”, “escuchas ilegales”, “Papeles de Panamá”, entre otras. Además antes de asumir hubo otras: “contrabando de autopartes”, “sobreprecios en obras”, “cloacas de Morón; “peajes”, etc.

Memoria, Verdad y justicia dejó de ser una política de Estado. Macri nunca la asumió y lo que había lo está destruyendo en lo discursivo y en los hechos. De esta forma, garantiza la impunidad a quienes lo apoyaron y apoyan, de forma efectiva y también simbólica, por la inacción misma.

Convocamos a los dirigentes que tienen vocación democrática a revertir la sentencia del máximo tribunal. Nunca Más quienes cometieron delitos de lesa humanidad encuentren alguien que les abra la puerta para salir del lugar en el que los había colocado la justicia, con el ejercicio del pleno derecho de defensa que ellos no les permitieron ni les dieron a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron desde el aparato de represión más atroz creado por el propio Estado. El garante de la vigencia plena de los derechos.

No hubo dos demonios. Hubo un infierno.

Bloque de Concejales FpV-PJ