La sociedad plantea con insistencia la necesidad de transformar y mejorar el servicio de justicia.
Para ello se deben lograr objetivos básicos, como son una infraestructura adecuada (edilicia, recursos humanos y recursos tecnológicos); la cobertura total de las vacantes existentes (26% aproximadamente de la Justicia nacional y federal); habilitación de los juzgados creados y que no se encuentran en funcionamiento; la adecuada gestión en plazo razonable de las causas en trámite; y la capacitación y profesionalización de los recursos humanos existentes; entre otros.

Debe ir acompañado de un rediseño de la estructura judicial nacional y federal orientada a dar efectiva solución a los diversos problemas que enfrenta y padece la sociedad (narcotráfico; corrupción; problemática de la salud, vinculadas a la familia; laborales, entre otros).
Para ello es trascendente ubicar uno de los ejes centrales sobre los cuáles plantear la transformación de la Justicia y el Derecho y lograr definiciones acertadas en materia de Política Judicial y según nuestra opinión, el mismo se encuentra en la participación ciudadana.

Se debe garantizar que la ciudadanía, la sociedad civil, tenga la debida y necesaria participación en el diseño de las políticas judiciales y la adopción de las decisiones jurídicas (audiencias públicas; amplia legitimación de las asociaciones y defensores del pueblo; acciones colectivas; integración de jurados; amplio acceso a la información pública; impulso de auditorías y acciones de control ciudadano).
La participación ciudadana legitima las políticas judiciales y las decisiones jurídicas.

Por Miguel Piedecasas
Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación