El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso realizó la presentación de un proyecto de «Ley Agroforestal» que se elevará ante la Legislatura cordodesa por el cual la provincia obligará a los productores agrícolas a forestar, como mínimo, el 1% de la superficie de sus campos, según informó La Gaceta de Tucumán.

«La idea es que sea una forestación obligatoria, que abarque como mínimo el 1% de la tierra hasta un máximo del cinco por ciento», puntualizó Busso en una conferencia de prensa de la que participaron también los otros integrantes del Gabinete Productivo: los ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López; y de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle.

El titular de Agricultura sostuvo que son más de 12 millones de hectáreas las que quedarían afectadas a esta obligación, lo que implica, a priori, que en unas 120.000 hectáreas se deberán implantar árboles, aunque debe recordarse que muchos campos ya tienen amplias superficies forestadas y que ya estarían cumpliendo con estas premisas.

El plan de forestación

Para lograr el cumplimiento de esta obligación, la Ley incluye sanciones que pueden hasta duplicar el monto que anualmente paga un productor en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural (IIR).

«El incumplimiento de la ley va a tener como consecuencia una multa referenciada en el valor del Inmobiliario, y que puede ser de hasta el 100 % de ese monto», precisó Busso. Si la Legislatura avala la pretensión del Ejecutivo, los productores tendrán hasta cinco años para llevar adelante el plan de forestación. De todos modos, dicho plan deberá ser presentado en el primer año de vigencia de la ley; quien no lo presente, será pasible de las sanciones mencionadas.

Ante la consulta de los medios, Busso negó que este proyecto tenga que ver con el debate por la Ley de Bosques, por la que hay una fuerte puja entre ambientalistas y productores agropecuarios, y que toma fuerza en el marco de la audiencia pública que se realizará en Villa de María de Río Seco.

«No es una respuesta a los que se oponen al desmonte, si bien todo puede vincularse, no hay una relación directa. Esto apunta a una mirada ambiental, productiva y paisajística, que esperamos lo legisladores discutan y puedan sancionar», respondió Busso.