Especialistas advierten sobre la soledad infantil, los nuevos padecimientos adolescentes y las fallas presupuestarias de la Ley de Salud Mental, así como los riesgos de “patologizar” el malestar social “para responder a intereses corporativos”.

El psicólogo, docente universitario en la Facultad de Psicología de la UBA, Jorge Prado, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, cuestionó la tendencia a patologizar el sufrimiento de época para responder a intereses corporativos y alertó sobre los retrocesos operativos y presupuestarios en el debate de la reforma de la Ley de Salud Mental.

Noticias Argentinas – ¿De qué trata su libro “Una tablet al final del arcoíris” y qué metáfora encierra el título?

Jorge Prado – Es un trabajo que recoge experiencias clínicas, territoriales y educativas sobre el cuidado de infancias y adolescencias. Aborda cómo el juego se ha desplazado a las redes sociales y analiza sufrimientos de época: consumos digitales, violencia como espectáculo, el abuso de diagnósticos y el uso de la inteligencia artificial como refugio. El título juega con la metáfora irlandesa del caldero de oro al final del arcoíris y la luz al final del túnel: la idea de que la tablet o la tecnología condensan la promesa de éxito y pertenencia. Es un mito, porque al final del arcoíris nunca se llega; nos obsesionamos con el logro y perdemos el valor de transitar el camino del acompañamiento.

NA – ¿Por qué sostiene que la tablet se convirtió en un «contrato» entre adultos y niños?

JP – Hoy los adultos cuidadores están desbordados de obligaciones y la tablet se entrega como parte de un contrato implícito: «yo te doy la pantalla para que me des tiempo para trabajar o resolver urgencias». Para muchos padres resulta una alternativa percibida como más segura que la calle frente a temores de inseguridad, pero el resultado es una extrema soledad con horas y horas de chicos aislados.

NA – En relación con el debate de la Ley de Salud Mental, ¿cuál es la diferencia crucial entre «padecimiento subjetivo» y «trastorno mental»?

JP – Es un cambio de términos sutil pero alarmante. La norma vigente habla de «padecimiento subjetivo», lo que contempla el sufrimiento derivado de contextos sociales o económicos, como el desempleo familiar o la violencia. Si la ley pasa a nombrar únicamente «trastornos mentales», reduce la atención solo a quienes tengan un diagnóstico psicopatológico individual. Esto responde a la mercantilización de la salud y beneficia a corporaciones farmacéuticas que buscan dar respuestas medicamentosas a sufrimientos que son sociales e institucionales.

NA – ¿Qué riesgos observa en la modificación de las internaciones involuntarias y en la falta de recursos del sistema?

JP – La ley actual permite la internación involuntaria ante un «riesgo cierto e inminente», garantizando un marco de derechos humanos para evitar abusos. Flexibilizar ese criterio a un riesgo «grave» vuelve las internaciones arbitrarias o preventivas. Además, ante la escasez de psiquiatras, la reforma habilita la evaluación virtual de pacientes en brote psicótico por teleconsulta, lo que representa un enorme peligro clínico. Todo esto ocurre en un contexto donde la ley exige destinar el 10% del presupuesto de salud a la salud mental, pero en los hechos solo se ejecuta el 1,4%.

NA – Frente a episodios de violencia o manipulación digital en escuelas, ¿cómo analiza la respuesta del Estado y de los adultos?

JP – Hay una desafectización donde la realidad toma tono de ficción en las redes, aunque las consecuencias emocionales son reales. La respuesta adulta suele centrarse en el señalamiento punitivo. Mientras se promueve la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años bajo amenaza de cárcel, simultáneamente se aprueban normas para que chicos de 13 años puedan invertir en criptomonedas. El Estado les ofrece herramientas financieras complejas y tentadoras, pero responde con el castigo cuando se desencadenan problemas, en lugar de financiar dispositivos comunitarios y espacios de escucha.

Agencia NA