El expediente ingresó el 27 de marzo y obtuvo dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el 20 de mayo. Tras ser aplazado en junio, su tratamiento fue incorporado a la sesión prevista para este jueves 16 de julio.

La propuesta original modificaba los regímenes de expropiaciones, desalojos, barrios populares, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios. Sin embargo, el capítulo socio-urbano fue retirado durante las negociaciones y circularon diferentes versiones posteriores al dictamen, por lo que la redacción definitiva recién se conocerá cuando sea tratada en el recinto.

¿Cuáles son los riesgos que corre el agro con este proyecto?

El punto más sensible para el agro es la modificación de la Ley 26.737 que actualmente fija en 15% el límite a la titularidad extranjera de superficies rurales en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Además, establece que una misma nacionalidad no puede superar el 30% de ese cupo y dispone un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo -o su equivalente- para cada titular foráneo.

La eliminación de esos topes permitiría que personas humanas o empresas privadas del exterior compren mayores extensiones. Aunque los Estados extranjeros y las compañías controladas por ellos quedarían sujetos a prohibiciones o autorizaciones especiales, el cambio reduciría los instrumentos disponibles para impedir la acumulación del suelo productivo en pocas manos.

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, estimó que más de 13 millones de hectáreas (casi el 5% del territorio nacional) ya pertenecen a firmas o titulares extranjeros. Además, este relevamiento identificó departamentos donde la participación foránea supera los límites establecidos por la legislación vigente.

Una mayor demanda externa podría elevar el valor de los campos y dificultar el acceso de productores pequeños y medianos a la propiedad. A su vez, la evidencia científica internacional, publicada en la revista científica Nature Communications, advierte que las grandes adquisiciones pueden incrementar la producción total y, al mismo tiempo, afectar a agricultores familiares, usuarios tradicionales y comunidades rurales cuando no existen controles adecuados sobre la concentración, el uso del agua y el destino de los alimentos.

Campos en el distrito de  9 de Julio – Foto El Regional Digital 

Recursos naturales bajo menor control

La ley actual prohíbe que extranjeros compren predios que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes y de magnitud. La derogación de esa restricción permitiría que tierras asociadas con recursos hídricos estratégicos queden en manos privadas del exterior, salvo que otra normativa nacional, provincial o local impida la operación.

El riesgo no reside solamente en la nacionalidad del comprador, sino en la desaparición de límites objetivos sobre la superficie, la localización y los bienes naturales involucrados. Estudios científicos sobre adquisiciones transnacionales muestran que la apropiación de grandes extensiones también puede trasladar al inversor el control efectivo del agua necesaria para producir, generando competencia con otros usuarios y actividades locales.

Menos resguardos después del fuego

El texto enviado por el Ejecutivo también propuso eliminar la prohibición que impide durante 30 años cambiar el uso de zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales incendiados. La legislación vigente busca evitar que el siniestro sea seguido por emprendimientos inmobiliarios, intensificación productiva o transformaciones que dificulten la recuperación del ambiente.

Si esa modificación permanece en la versión votada, los propietarios podrían redefinir más rápidamente el destino de algunas superficies afectadas. Sin embargo, reducir la protección temporal aumentaría el riesgo de que el fuego sea utilizado para acelerar cambios económicos sobre el territorio y podría limitar el tiempo disponible para la regeneración de suelos, vegetación y biodiversidad.

Investigadores del CONICET sostienen que la restauración requiere diagnósticos específicos de severidad, monitoreo y medidas adaptadas a cada ecosistema. En ese sentido, reducir los plazos de protección podría habilitar cambios productivos antes de que los suelos, la vegetación y la biodiversidad recuperen sus funciones, con consecuencias ambientales difíciles de revertir.

Las mayores exigencias indemnizatorias frente a expropiaciones también podrían elevar el costo fiscal de rutas, obras hídricas, tendidos eléctricos y otras infraestructuras necesarias para la producción. Al mismo tiempo, la aceleración de los desalojos rurales podría reducir los plazos de defensa de arrendatarios u ocupantes ante conflictos sobre contratos, posesión o titularidad.

De esta manera, el proyecto podría fortalecer las facultades individuales de determinados propietarios, pero a costa de disminuir herramientas destinadas a ordenar el territorio, limitar la concentración y proteger bienes ambientales. Si obtiene media sanción, el debate pasará a Diputados, donde se definirá si esas garantías privadas resultan compatibles con el acceso a la tierra, la soberanía sobre los recursos y la sustentabilidad del agro argentino.

Fuente: Revista Chacra