El Juzgado Federal de San Martín avaló la vigencia de la derogación del decreto 462 y protege a los trabajadores del INTA, confirmando que no hubo disponibilidades ni cambios en la estructura del organismo. APINTA celebró el fallo y destacó el regreso del INTA a su formato original, con autarquía, financiamiento propio y gobernanza representativa.

Un reciente fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín arrojó luz sobre el amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y otra parte contra el Estado Nacional. El documento judicial, firmado por la secretaria Érica Leticia Acosta, detalla el estado del proceso hasta el 26 de agosto de 2025.

En su resolución, la jueza federal Martina Isabel Forns aceptó el recurso de apelación presentado por el Estado Nacional y le otorgó a la parte actora un plazo de cinco días para responder a los fundamentos de dicha apelación. Además, la jueza solicitó a la parte actora que aclare si el incumplimiento de la medida cautelar que denunciaron aún persiste, dado que el Poder Legislativo Nacional rechazó el DNU 462/25, por lo que el mismo a la fecha se encuentra derogado.

El fallo en primer término avala que está vigente la derogación del decreto 462, que permitía el cambio de figura jurídica del INTA, convertirlo en un ente desconcentrado, cambiar el consejo directivo, el director nacional y quitarle la fuente de financiamiento, inclusive la disponibilidad de los 286 trabajadores.

A su vez, la jueza aclara que la resolución 1240 del Ministerio de Economía no tiene vigencia e intima al Estado Nacional a que no avance con ninguna disponibilidad y que le informe si ha tomado alguna medida en base a la resolución 1240. En ese sentido, el fallo dice que si el Estado Nacional incumple, tiene una multa de 10 millones de pesos por día. Asimismo, en la última parte del fallo dice que el funcionario que lleva adelante alguna medida puede ser acusado de incumplimiento de un mandato judicial.

«No hay disponibilidad en el INTA, no las hubo porque no fueron notificados ningún trabajador y ninguna trabajadora hasta el día de hoy, estuvieron cumpliendo sus funciones en cada uno de sus lugares de trabajo», sostuvo Mario Romero, Secretario General de APINTA.

Además, Romero agregó que «el jueves cuando el Senado Nacional rechazaba el decreto con 60 votos, nosotros estábamos orgullosos, no porque se rechazaba el decreto, sino porque también se reconocía el trabajo que hace el INTA en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios». Finalmente sostuvo: «vuelve todo para atrás, volvemos a tener ese INTA de antes del 8 de julio».

Agritotal