El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó hoy el pedido de excarcelación de los cuatro detenidos, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, vinculados a una causa judicial en la que se investiga acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, explicaron fuentes judiciales.

El artículo 213 bis del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación».

También se los acusa de «incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas».

Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes, al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal, como así también las declaraciones públicas, amenazantes, esgrimidas por sus referentes.

Entre las manifestaciones enumeradas en la causa, se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación, bajo consignas tales como «Basta de Cristina», «Basta de Alberto», «Los vamos a sacar» y «Van a correr».

Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como «Es hora de accionar» y «Es ahora o nunca», a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.

También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.

El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada «Hay que pudrirla», una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.

NA