El pasado lunes 31 se realizó la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía de la Nación para discutir el porcentaje de subsidio que el Estado nacional otorga a los Usuarios Residenciales.
Participó la Comisión de Usuarios ( CUENARGAS ) que integran 31 Asociaciones de Usuarios de todo el país, la que presentó un documento crítico respecto a las medidas propuestas por la Secretaría de Energía, del cual presentamos un breve resumen, indico Deuco en una comunicación.

Hasta el presente el subsidio es del 70,9% y la propuesta de la Secretaría es reducirlo al 44.4%. Ello implica que el precio del gas que se incluye en las facturas de los usuarios se eleve de $ 6,16 el metro cúbico a $ 11,77; un 91% de aumento, tal como lo reconoce el organismo en su informe de la audiencia.
Este incremento, sumado a los que reclamaron las Transportistas y las Distribuidoras, en la Audiencia Pública del 19 de enero convocada por el ENARGAS, provocaría un aumento que, para la CUENARGAS, sería del 59,1%.
De aprobarse los aumentos solicitados, un consumo de 48 m3 mensuales por el que hoy el usuario de casa de familia abona $ 886,28, pasaría a ser de $ 1.411,04.
A los aumentos del gas en boca de pozo, el transporte y la distribución que se aplicarían a partir del mes de marzo, hay que sumarle que en diciembre de 2022, deberá discutirse la Revisión Tarifaria Integral y las distribuidoras piden un aumento del 200%.
Además del rechazo al aumento, las Asociaciones que forman la CUENARGAS, pidieron conocer el costo de producción del gas natural y señalaron que se le pidió la información a la Secretaría de Energía y ésta respondió no tener los costos requeridos.
Señalaron su rechazo a la fecha de convocatoria de las Audiencias Públicas, en enero cuando es sabido que hay receso institucional, judicial, económico y ello, hace que la asistencia a la Audiencia Pública, sea minoritaria y recordaron que el 4 de enero solicitaron al ENARGAS, la prórroga de la audiencia pidiendo hacerla en marzo y que
no recibieron respuesta.
Como dato que confirma la razonabilidad del pedido de prórroga señalaron que para la Audiencia de hoy se inscribieron 24 participantes y en las de marzo de 2021, lo hicieron 42. Algo similar sucedió con la convocatoria del ENARGAS: El 19 de enero de 2022 hubo 108 participantes; en la del 16 de marzo de 2021, los asistentes fueron 266 y la audiencia duró tres jornadas.
Señalaron que la producción de gas entre 2021 y 2022, se incrementará en un magro 4,62%, pese a la promesa de las productoras de incrementar la producción en un 20% y a que reciben un precio muy superior al costo de producción.
La ineficiencia de las productoras genera que en 2022 tengamos que comprar más GNL que en 2021 al precio de 23,72 dólares por MBTU, un 227% en dólares más caro que en 2021.
También recordaron la promesa del presidente Alberto Fernández, respecto a la desdolarización de las tarifas, señalando que la política de la Secretaría de Energía dolariza el valor del gas hasta el año 2024.
La Comisión de Usuarios comparte la necesidad de implementar la Segmentación Tarifaria, que favorecería la equidad, y por ello ha realizado propuestas al respecto, pero es un objetivo propuesto por la Secretaría de Energía, que no ha podido concretarse hasta la fecha.
Asimismo, reitera la necesidad de que se recupere la efectividad de la Tarifa Social que otorgaba como beneficio la eliminación del componente PIST en la factura de los usuarios residenciales y que en 2018 fue modificada, reduciéndose el beneficio a niveles inexistentes.
Finalmente, la Comisión de Usuarios exhorta a las autoridades nacionales a tener en cuenta la situación socioeconómica de los usuarios, en este caso de gas natural. Un nuevo aumento en los porcentajes propuestos , sumados a los que se aplicaron entre 2016 y 2019, van a contribuir a la generación de más situaciones de pobreza
energética y a la restricción de los ingresos ya deteriorados de la mayoría de los
usuarios.
Aguardamos que las decisiones que adopten las autoridades nacionales favorezcan el consumo interno, provoquen incentivos a la producción y a la creación de fuentes de trabajo, resguarden los ingresos de los usuarios y permitan a todos los hogares argentinos acceder a un bien esencial, declarado Derecho Humano, como es el Gas Natural.
Para ello, hay que aplicar efectivamente el criterio de la Corte Suprema de la Nación: Las tarifas deben ser justas, razonables, asequibles a los usuarios en razón de su capacidad de pago.