(Por Matias Longoni-Clarin)En la Argentina, ser amigo del juez equivale hoy a tener un molino de trigo. ¿Por qué? Porque es ese sector el único de la cadena triguera que está obteniendo los permisos de exportación (ROE Verde) que administra la Secretaría de Comercio, a cargo de Augusto Costa. En cambio, y pese a existe abundante disponibilidad del cereal y ya se inicia la nueva cosecha, continúa vigente la prohibición de exportar trigo a granel, lo que impacta negativamente en los precios al productor.

En enero, los ministros Carlos Casamiquela y Axel Kicillof anunciaron la apertura de un cupo muy conservador para exportar 1,5 millones de toneladas de trigo, que ya se cubrió y no volvió a ampliarse a pesar de que todos los expertos afirman que quedan de 1,5 a 2 millones de toneladas que podrían tener ese destino.
En aquel momento, el gobierno estableció además que se podrían vender al extranjero 150 mil toneladas de harina. Pero en ese caso no se cerró la canilla una vez que se agotó el volumen.
Comercio, por el contrario, otorgó -de facto y sin anuncios- unas 100.000 toneladas adicionales a los molinos, prolongando un claro favoritismo hacia ese sector que se inició en 2006, con el reinado de Guillermo Moreno.
La repetición de este mecanismo ha sido lapidaria para la producción del cereal, que bajó a mínimos históricos, ya que el cierre de las exportaciones actúa sobreofertando el mercado local, y así se reducen artificialmente los precios al productor.