En el vecino distrito de Los Toldos (Gral. Viamonte) que prosiguen luchando contra las inundaciones, deben sumar ahora otra negativa situación. Alguien se robo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, 4.000 kilos de alimentos, 400 frazadas y demás elementos ante la emergencia y que hídrica que estaban destinadas para General Viamonte.
La denuncia la dio a conocer el concejal Claudio Rocoma, candidato a intendente por el Frente Renovador, que en diálogo con Diario Democracia, explicó que en reunión con la secretaria de Acción Social, Araceli Mazziniani y el intendente municipal Javier Mignaquy se pudo conocer que un volumen importante de alimentos, frazadas y colchones fueron retirados de la Dirección Provincial de Emergencias, dependiente del Ministerio de Desarrolllo Social de la provincia de Buenos Aires, pero nunca llegaron a la Municipalidad de General Viamonte.

“Durante mi participación en el comité de crisis de esta última semana, se dio a conocer por parte de la secretaria de Acción Social, la profesora Araceli Mazziniani, que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires le explicaron que no iban a mandar mercaderías porque ya se habían retirado 4000 Kg de alimentos, 400 frazadas y muchos artículos más. Por supuesto que esto no llegó nunca a la Municipalidad, y quien figura en el registro de la Dirección Provincial de Emergencias retirando la mercadería, el día 11 de agosto, es un Alejandro Castellanos DNI 28.500.524 que por supuesto no existe”, afirmó Rocoma.
“Esto constituye un hecho jurídico de extrema gravedad motivo por el cual estoy formulando junto con la Secretaria de Acción Social quien tiene los pedidos formales realizados y los mails y las respuestas que se recibieron, una denuncia por robo de alimentos y demás mercancías que estaba destinada a paliar la difícil situación que atraviesan nuestros vecinos”, dijo.
“Por otro lado intentar esclarecer cuál es el lugar donde esa mercadería podría estar, si estuviera en nuestra ciudad, debido al importante volumen del que se trata, recordemos que son 4.000 kg de alimentos, debería estar en algún galpón. Intervendrá la Justicia Federal porque hablamos de mercadería de presunto origen ilícito, almacenada en un galpón no habilitado. Se investigará el accionar delictivo bajo la modalidad de ‘Piratas del asfalto’. En estos casos se debe exhibir la documentación que acredite la compra. Cuando uno compra mercadería debe tener factura, sino se presume robada y hay que explicar a la justicia federal, porque es un delito federal”, señaló el edil.

Explicó que el Juzgado de Faltas por su jurisdicción determinará eventualmente cuáles son las irregularidades principales que pudieran motivar sanciones y que tienen relación con la falta de cumplimiento de normas de seguridad e higiene, falta de habilitación comercial, transgresiones al Código Alimentario.
“Entre las faltas aplicables se pueden mencionar: a) no cumplir con normas de seguridad e higiene; b) Falta de Habilitación Municipal; c) Tener productos alimenticios en depósito (art. 15° del Código Alimentario Nacional); d) Falta de Higiene en establecimiento (art. 18 inc. 1° del Código Alimentario Nacional); e) Falta de Rótulo e ilegibilidad (art. 245 del C.A. N); y f) Falta de Certificado Sanitario o Documentación. A su vez el propietario del local o galpón donde se halle la mercadería, deberá pagar una multa que de acuerdo con el Código de Faltas en su Artículo 6°: “La sanción de multa no podrá exceder de la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos del personal municipal de la comuna que reprime la infracción. La multa se podrá convertir en arresto cuando no fuera abonada en término. La conversión se hará a razón de un día por la cantidad que el Juez fije entre el diez por ciento (10%) y el trescientos (300%) del salario mínimo municipal. El pago de la multa, efectuado en cualquier momento, hará cesar el arresto en que se convirtió. La pena de multa se reducirá en proporción a los días de arresto cumplido. Además de perder toda la mercadería, que será entregada a instituciones de bien público”, dijo.

Finalmente el concejal agregó que se trata de “un hecho muy grave en una situación de extrema emergencia para nuestro distrito, que no podemos dejar pasar por alto, es nuestra obligación velar por todos los habitantes”, dijo.