En un contexto marcado por la tensión política y por las recientes declaraciones nacionales sobre la asistencia a productores afectados por las inundaciones, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, volvió a encender el debate durante el Consejo Federal Agropecuario (CFA) regional realizado en Córdoba. Allí reclamó con firmeza la reactivación de obras clave para el territorio bonaerense, principalmente el Río Salado, paralizado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La discusión tuvo lugar en un contexto en el que Nación sostiene recortes y revisiones sobre la obra pública, mientras las provincias reclaman por la falta de recursos para enfrentar eventos climáticos extremos. En ese marco, Rodríguez respondió a los argumentos nacionales sobre restricciones presupuestarias: «No sé cuán escasos estarán, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires».

A estas advertencias se suma el deterioro de la infraestructura vial, una problemática que, según Rodríguez, se agravó fuertemente en los últimos dos años. Señaló que varias rutas nacionales muestran un estado crítico, complicando la logística de transporte, ya que: «El acceso a los puertos está destruido. La ruta 3 es imposible», afirmó, y exigió que Nación retome los trabajos con carácter urgente. 

El ministro expuso que esta falta de inversión y planificación en infraestructura se produce precisamente cuando la Provincia atraviesa una emergencia hídrica que ya afecta a numerosos municipios y millones de hectáreas desde hace meses. El contraste entre los anuncios nacionales y la realidad en territorio bonaerense fue uno de los ejes de su intervención, donde pidió coherencia entre los discursos de asistencia y la ejecución efectiva de las obras.

Rodríguez planteó que la paralización estructural de proyectos clave deja al Gobierno provincial sin herramientas para responder a inundaciones y anegamientos, y condiciona la producción agropecuaria en un escenario climático cada vez más exigente. Insistió en que, sin coordinación interjurisdiccional, los productores seguirán enfrentando mayores riesgos y costos logísticos.

El intercambio con el secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta, dejó en evidencia que el reclamo bonaerense apunta no sólo a demandas técnicas, sino también a la necesidad de una definición política clara sobre el rumbo de la obra pública y la inversión en infraestructura productiva. La discusión dio paso, posteriormente, al capítulo del CFA dedicado a la emergencia hídrica y la asistencia a municipios, donde se profundizó el análisis de la situación provincial.