Repercusiones por la no baja de retenciones a la soja, en las entidades de la Mesa de Enlace

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Los representantes de las distintas entidades agropecuarias dijeron ayer que debido a la situación «complicada» del país «comprenden» la necesidad del gobierno de redefinir el esquema de reducción de retenciones a la soja, dejando de lado la promesa de bajar 5 por ciento por año.

No obstante, insistieron en que se trata de «un mal impuesto» y abogaron por acelerar la reducción cuando las condiciones del país mejoren. En ese sentido se pronunciaron los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, y de Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, quienes estuvieron presentes en el acto de anuncio del programa de fortalecimiento para las economías regionales.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace estuvieron reunidos con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, previo al acto, donde se les anticipó los anuncios en materia de retenciones.

Al hablar con los periodista, luego del acto, Etchevehere planteó: «Comprendemos el marco de la situación que está viviendo el país, y valoramos que se haya tenido en cuenta la situación de las provincias que están más alejadas, en peor situación».

«Valoramos también que mediante un decreto se de certidumbre de cómo sigue la reducción de las retenciones a la soja y también es importante que este anuncio se haya hecho antes de la siembra de la soja para que los productores puedan tomar su decisión ya sobre concreto», evaluó.

No obstante, el ruralista dijo que «seguimos opinando que las retenciones son un muy mal impuesto tanto como en el gobierno anterior, como en este gobierno, y en la mesa de diálogo abierto con las autoridades vamos a seguir trabajando, para que esa reducción si cambian las condiciones del país se pueda hacer de la forma más apurada posible».

En la misma sintonía, Chiesa sostuvo que «si bien no es lo que se había prometido» en «función de los datos de pobreza publicados en los últimos días, el sector no puede mirar para otro lado».

«Comprendemos las necesidades de redefinir los tiempos en la eliminación de las retenciones. Si (el gobierno) comprendió la necesidad que tienen los productores del norte y también en dar previsibilidad al cronograma», manifestó. De todos modos, Chiesa planteó que el gobierno debería «mirar a otros sectores que pueden aportar» en este momento «complicado» del país y en ese sentido destacó que «la renta financiera no paga, a la minería se eliminaron las retenciones y el juego tampoco paga nada».

«Me parece que Argentina debería poner un poquito de equilibrio cuando se hacen las cargas», reclamó.

Por su parte, Príncipe comentó que «no es que se consensuó» el esquema de la reducción de las retenciones «sino que se nos informó».

Si bien dijo también comprender la situación del país, sostuvo que «estábamos esperanzados de que las medidas fueran más integradoras».

«El gobierno debe dar políticas activas para los pequeños y medianos productores», reclamó el dirigente, al tiempo que pidió solucionar el conflicto del tema semillas, una cuestión «que no está resuelta y por eso necesitamos que en el Congreso se debata este tema».

Desde CONINAGRO manifestaron su rechazo a los derechos de exportación al sector agropecuario y considera que hay que eliminarlas lo antes posible.

No obstante, consideramos que ante las necesidades e inconvenientes económicos por los que atraviesa nuestro país, y con el fin de atender a otros sectores sociales con mayores necesidades, atacar la pobreza y mantener el empleo, es menester aceptar la propuesta del gobierno de postergar la disminución del 5% de las retenciones.

CONINGRO comparte plenamente el resto de las medidas que tienden a mejorar la rentabilidad de las diferentes producciones regionales, como la decisión de establecer reintegros en las diez provincias integrantes del Plan Belgrano, el fondo rotatorio por $ 1700 millones o la implementación de $ 1800 millones en cuestiones sanitarias de prioridad.

Deja un comentario