Conforme informo con detalles el sitio La Razón de Chivilcoy, con el antecedente de un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra ABSA, en favor de vecinos de la ciudad de 9 de Julio en diciembre de 2014, en que se ordenó a la empresa la construcción de una planta de tratamiento de arsénico, sigue en marcha la demanda colectiva en Chivilcoy contra la prestataria provincial, por el exceso de arsénico y nitratos en el agua que se consume.

Como ya es de público conocimiento, un grupo de vecinos que viene trabajando desde hace siete años en esta inquietud, llevan adelante la demanda contra la empresa con el patrocinio de los abogados Leandro Caselles y Carlos Santilli.

Efectuaron análisis que se mandaron a la Universidad Nacional de Luján, donde se determinaron altos valores de arsénico y nitratos no permitidos para el consumo humano según la Organización Mundial de la Salud y organismos nacionales de salud.

Hace unas semanas recibieron la noticia de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6, del Departamento Judicial de Mercedes a cargo del Dr. Martín Hernando Cherubini, donde se hizo lugar a la medida cautelar por la que se ordena a ABSA suministrar agua en bidones y a la suspensión del pago de facturas del servicio, hasta tanto se resuelva sobre el fondo del asunto.

9 de Julio
Los argumentos del fallo «testigo” de la ciudad de 9 de Julio son muy similares a la letra de la sentencia en Chivilcoy y se destaca lo colectivo de la iniciativa, de acuerdo a lo que se informa en la página de internet del diario Tiempo Digital (http://9dejulio.diariotiempodigital.com/sociedad/agua/23715_arsnico-en-9-de-julio-la-corte-fall-contra-absa).

Se expresa que «en un fallo unánime con la firma de cuatro de sus miembros, el máximo tribunal se expidió en torno al reclamo de vecinos de 9 de Julio que demandaron ante la justicia por los niveles de arsénico del agua de red”.

«La contaminación por arsénico en el agua suministrada en toda la localidad no es un problema de cada uno de los habitantes sino que es un problema comunitario que, para su mejor solución, debe ser tratado en un proceso colectivo”, dicen el fallo, rubricado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Higton, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, da salida al reclamo iniciado por Juan Gabriel Kersich, a quien luego se sumaron otros reclamantes”.

En su fallo, el máximo tribunal establece «la naturaleza colectiva del derecho al agua y el tipo de proceso más eficiente para hacer efectivo ese derecho”.

Se destacó que en el caso «indudablemente está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas que se ve amenazado por el obrar de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. que brinda a los vecinos agua con proporciones de arsénico que superan las permitidas por el Código Alimentario Argentino”.

Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo de Chivilcoy tomó intervención en impulsar la demanda en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, LA RAZÓN dialogó con el responsable de la oficina local, Facundo Benegas, respecto al estado actual de la acción judicial y su futuro, teniendo en cuenta el antecedente de 9 de Julio.

– ¿En qué situación está la demanda?

– Con fecha 13 de julio y, como tomó estado público, se presentaron diez particulares en la justicia de Mercedes, por la cantidad de arsénico en el agua, con una medida cautelar. Y como bien lo explicó la asamblea de autoconvocados por el agua, no se cobra a esos particulares la tarifa y además se les debe proveer de agua envasada.

La Defensoría del Pueblo de la provincia es la entidad constitucional que puede colectivizar la demanda. Ni bien se nos da intervención, notificamos al equipo legal y técnico y se formó un expediente, que es el 1559/2017.

Estuvimos en contacto permanente no sólo con los actores que hicieron la demanda, poniendo todas las alternativas legales que tenemos a disposición. Por ejemplo, la Defensoría tomó intervención en la ciudad de 9 de Julio, donde se logró que la empresa ABSA y la provincia de Buenos Aires hagan las inversiones necesarias en una planta de tratamiento de arsénico. De la misma manera, la solución que se tiene que dar para Chivilcoy es que el gobierno bonaerense y la empresa del cual es accionista, haga las inversiones necesarias.

Es una lucha que va a tardar tiempo, vamos a ir seguramente a todas las instancias judiciales, nos presentaremos en cuanto lo requiera la justicia y nuestra postura va a ser acompañar el reclamo.

La Defensoría había tenido muchos casos individuales así que desde enero y febrero estuvimos haciendo una recopilación por las diferentes vías, en la ciudad de La Plata y ante el ente regulador, por la presencia del arsénico en el agua. Y teniendo los precedentes judiciales, como el caso de 9 de Julio, vamos a trabajar para que los efectos de este fallo puedan colectivizarse a toda la comunidad.

– ¿La de 9 de Julio fue también una demanda de carácter colectivo?

– Fue muy similar. Un grupo de particulares que hicieron la demanda y la Defensoría tomó intervención. Logró sentar en la mesa de negociaciones a ABSA, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es más, en recurso extraordinario llegó a la Corte Suprema, conocido como «el fallo Kersich”. Estamos hablando de una época en que la Defensoría recién arrancaba en el ejercicio de sus competencias, si bien es un organismo que está incorporado en la Constitución Provincial en la última reforma.

– Por ahora, el alcance del fallo es para las personas que hicieron la demanda, no todavía para toda la comunidad…

– Aun no podemos hablar de efectos colectivos, tiene efectos particulares. Para llegar a la colectivización del alcance de la Defensoría.

– Hay una idea que el vecino aporte más elementos para sustentar más la demanda a través de análisis del agua de sus hogares…

– Cualquier caso que nos venga a consultar por esta situación, lo convertimos en queja y lo enviamos a La Plata para que se sume al expediente administrativo. En el marco de un proceso judicial como el de ahora, el juez va a dictar todas las medidas de oficio y le va a dar competencia a organismos como el INTI, universidades nacionales para que actúen técnicamente.

La lucha va a ser larga, los expedientes tardan su tiempo, pero confiamos en que saldrá favorable porque nos asiste la razón y que la Provincia se comprometa a hacer las obras necesarias.

Escrito por Marcos Isla