El presidente Michel Temer convocó ayer domingo al Palacio del Planalto a ministros, empresarios, representantes de exportadores y embajadores de una veintena de países que le compran carne a Brasil, para tratar de restablecer confianza en el gigante sudamericano, e invitó a estos últimos a comer carne y achuras en un restaurante de Brasilia.

El caso «Carne Débil» estalló el viernes pasado cuando una investigación policial de dos años destapó un esquema en el que inspectores sanitarios habrían recibido sobornos de frigoríficos para autorizar la venta de alimentos no aptos para el consumo.

El Ministerio de Agricultura apartó de su cargo a 33 funcionarios involucrados en el esquema, clausuró temporalmente tres frigoríficos e investiga a otros 21 establecimientos.

La Policía Federal informó que están implicados agentes públicos y directivos de empresas que los sobornaban para que avalaran la adulteración de carnes ya vencidas. Entre las prácticas se comprobó el uso de químicos para mejorar el aspecto de los productos, la falsificación de etiquetas con la fecha de validez o la inclusión de alimentos no adecuados para el consumo en la elaboración de embutidos.

La operación desató las alarmas dentro y fuera de Brasil, que vende carne a unos 150 países.

Sus exportaciones de carne de pollo superaron en 2016 los u$s 5900 millones, y las de carne bovina sumaron u$s 4300 millones.

Temer aseveró que son productos sanos, que la mafia que los adulteraba ya no existe porque la investigaciones permitieron desarticular un «pequeño» grupo que integraba esa banda, y que sólo se trató de un caso «puntual». Subrayó los rigurosos controles aplicados a las carnes brasileñas, «que han sido reconocidos por todos los importadores», y precisó que de 4837 empresas de ese sector, sólo 21 están bajo sospecha mientras que una treintena de los más de 10.000 fiscales de vigilancia sanitaria que hay en el país están implicados.

«El objeto de la investigación no es el sistema de vigilancia sanitaria brasileño, sino unos pocos desvíos de conducta de unos pocos funcionarios y de unas pocas empresas», enfatizó.

Reconoció que seis de las empresas investigadas exportaron productos en los últimos dos meses y se comprometió a que los países de destino serán debidamente informados a partir de hoy.

El caso Carne Débil se produce en momentos en que el Mercosur y la Unión Europea buscan acelerar un acuerdo de libre comercio, en el cual los países sudamericanos reclaman mayores cuotas de entrada para sus productos cárnicos. A fin de mes se realizará la próxima ronda negociadora entre los dos bloques, en Buenos Aires.

Además, el escándalo se registra cuando Brasil empieza a dar leves señales de recuperación, tras más de dos años sumergido en su peor recesión y con sus principales constructoras involucradas en la gigantesca investigación Lava Jato, sobre sobornos en la estatal Petrobras.

Multinacionales pagaban sobornos
El partido del presidente Michel Temer quedó en medio del escándalo ya que fue acusado de recibir sobornos por parte de la red criminal que involucraba a los principales frigoríficos de Brasil, entre ellos los multinacionales JBS y BRF, acusados de adulterar carnes no aptas para consumo para poder venderlas en el mercado.

Al menos 25 ejecutivos de cinco frigoríficos fueron detenidos, al igual que fiscales acusados de corrupción del Ministerio de Agricultura, en un operativo de la Policía Federal.

“La red de corrupción abastecía sobornos para el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) y al Partido Progresista”, dijo Mauricio Grillo, de la Policía Federal, quien calificó a la operación como “Carne Débil”.

Los investigadores exhibieron un audio de un supuesto jefe de la mafia de la carne adulterada con el actual ministro de Agricultura y empresario ruralista, Osmar Serraglio, quien no está involucrado en el caso, según el comisario. El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en diferentes estados, que recibían sobornos para flexibilizar la fiscalización, informó la Policía Federal.

“Los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin fiscalización efectiva de los alimentos”, asegura el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público. Las empresas negaron las irregularidade. Sin embargo, las acciones de JBS, que produce Friboi, Swift y Seara, y BRF, dueña de las marcas Sadía y Perdigao, cayeron 6% el viernes en la Bolsa de San Pablo a raíz del operativo de las firmas que se convirtieron en los mayores productores mundiales de carne procesada.

BRF en la Argentina compraron empresas de primera línea. Hoy son dueños de salchichas Vieníssima y Wilson, las hamburguesas GoodMark y los fiambres Tres Cruces y Hammond (además de las margarinas Manty y Delicia).

Fuente: El Cronista Comercial – Diario El Dia