Finalmente el oficialismo consiguió las firmas para avalar el proyecto de ley estableciendo los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. El texto se circuló durante la sesión del miércoles pasado y el día posterior, emitieron despacho.

Impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto consiguió el aval de los senadores que integran las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Justicia y Asuntos Penales. La UCR, el PRO, el GEN y el Frente Cívico por Córdoba, acompañaron al oficialismo; mientras que el FAP votó en contra. Ahora, la intención del Frente para la Victoria es tratar el proyecto en la próxima sesión del Senado.

La normativa clasifica dos tipos de recipientes y establece un sistema de gestión diferenciado. Por un lado los envases vacíos que pueden someterse al “triple lavado”, también conocido como “reducción de residuos”. Por otro, aquellos que no pueden someterse al proceso de reciclaje, por sus características físicas o por contener sustancias no miscibles o no dispersables en agua. En cualquiera de los casos, se debe entregar a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizados, que se crearán bajo convenio entre provincias y empresas y serán responsabilidad de estas últimas.

Los límites de la recuperación serán fijados en la reglamentación de la Ley por el Poder Ejecutivo y también quedará pendiente establecer el lugar dónde se concentrarán los residuos “tóxicos” de los envases que no pueden reciclarse. Además se deberá formular procedimientos de gestión integral de los envases vacíos y establecer mecanismos de trazabilidad que será responsabilidad de los registrantes (privados).

El texto de la norma además establece el plazo que tendrán las empresas para anotarse como registrantes: será de 90 días corridos a partir de la publicación de la norma y tendrán 270 días para adecuar su gestión al nuevo sistema. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La iniciativa fue debatida en reuniones de asesores a la que asistieron expositores de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). En ellas se propusieron algunos puntos conceptuales que fueron acogidos desde el Ministerio de Agricultura.