Finalmente el Consejo Directivo del INTA exonero este lunes 26  a la investigadora Virginia Aparicio, de la Unidad Integrada Balcarce, y quien coordino en nuestro pais, el proyecto SPRINT, con el objetivo de medir residuos de fitosanitarios en el ambiente y en personas.

La medida figura en la resolución 366 del organismo, y basada en lo tratado en la reunión del pasado 27 de agosto por la Comisión Directiva del organismo, que dio por concluido el sumario abierto en diciembre de 2023. Su artículo 11 dispone textualmente: “Aplícase a la agente Virginia Carolina APARICIO (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i)” de la ley marco de empleo público«, conforme se lee en la resolución adjunta en esta nota.

En sus argumentos, el Consejo Directivo de INTA, señala en un comunicado que reafirma su compromiso con la evidencia confiable, el respeto riguroso a los protocolos científicos, éticos y administrativos; así como la trazabilidad de sus procesos.
Sin hacer mención de Aparicio, y si acompañando »  LA RESOLUCION» ,»como organismo de investigación, desarrollo e innovación agropecuaria, siempre nos colocaremos a favor de más evidencia, más transparencia, más tecnología y mayor rigor científico.
Mantenemos así nuestra responsabilidad con la investigación sobre fitosanitarios, ambiente e inocuidad, con el máximo rigor metodológico. La respuesta institucional es fortalecer la ciencia, con inversión en equipamiento y capacidades analíticas para generar evidencia confiable.
Producir cada vez mejor exige integrar tecnologías que minimicen riesgos y articulen productividad, desempeño ambiental y competitividad«, sostuvo el ente estatal en nota de prensa.

Conforme se lee en la resolución, el inciso e) prohíbe usar las facultades del cargo para fines ajenos a la función, y el Consejo Directivo lo aplica a la relación de Aparicio con José Luis Costa, un investigador retirado del INTA. Según la resolución, “COSTA integraba el grupo familiar de APARICIO en calidad de conviviente”, algo que el organismo da por probado con las declaraciones juradas del legajo de la investigadora, que registran una unión de hecho desde septiembre de 2005.

El texto sostiene que la coordinadora “empleó sus prerrogativas de coordinación para conferir a su conviviente una posición particular de participación, conducción fáctica e inspección de datos reservados, sin autorización del INTA, sin formalización por el órgano decisor del Consorcio ni exteriorización específica del conflicto que permitiera su evaluación independiente”. Agrega que Costa “se encontraba retirado del INTA y carecía de vínculo institucional vigente”, aunque el documento de información entregado a los voluntarios lo incluía, junto con Aparicio y otro investigador del equipo, entre las personas habilitadas para inspeccionar datos incluso sin codificar, se informa en la resolución emitida