La decisión del presidente Alberto Fernández de, además de intervenir la cerealera Vicentin, avanzar con su expropiación, está generando un clima de inquietud en el campo donde, más allá de la situación de esa empresa en particular, alertan por un avance sobre la propiedad privada.

En simultáneo, se agrega a ese malestar, que en rigor ya viene desde que el Gobierno incrementó las retenciones (en soja, del 24,7 al 30% primero y luego del 30 al 33%, y en maíz y trigo del 6,7 a 12%, entre otros productos) el hecho de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaría ofreciendo a los acreedores del país un bono atado a las exportaciones que, según los productores, implicaría la continuidad de las retenciones que quieren ver eliminadas.

«En caso que se pretenda llevarse puesto el estado de derecho y se pretenda violar la propiedad privada, Salliqueló será sólo el comienzo de numerosas protestas», dijo a LA NACION Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

«El Estado sabe que no es capaz de hacer lo que hace un privado, pero tiene la fantasía de jugar al empresario e intervenir y regular de esa manera los mercados. Esto termina con una empresa empleadora de militantes y amigos a los que se les paga por no hacer nada, en fin otra piedra a la mochila impositiva que cargamos los privados. Llama la atención la obstinación y persistencia en el error de creer que pueden regular, intervenir, avasallar otros poderes y seguir aumentando un Estado descomunal. En Carbap molestan mucho las acciones que avasallan la República y no nos vamos a quedar callados», agregó el presidente de la entidad